Estrategias de Litigio - Ministerio Público de la Defensa

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Estrategias de litigio para la defensa de los derechos de las mujeres
lencia el acceso a la justicia de jure y de facto, ello se considera una consecuencia
de la discriminación de género y constituye una nueva discriminación. Las obligaciones
del Estado con respecto al acceso a la justicia no pueden estar aisladas
del resto de sus obligaciones, ya que para que la respuesta ante la violencia de
género sea la adecuada, resulta necesario que éste cumpla con las normas internacionales;
además, esa respuesta debe darse en el ámbito nacional, ser inclusiva,
integradora y debe unir a todos los departamentos, agencias y partes pertinentes.
El Consejo de Derechos Humanos ha observado que aquí se incluyen las organizaciones
de mujeres, los líderes religiosos y de la comunidad, los jóvenes, hombres
y niños, el personal de servicios a las víctimas, los profesionales de la ley, la
salud, la educación y los servicios sociales.
Para explicar las obligaciones del Estado con respecto a la violencia de género,
el Comité de la CEDAW adoptó la tipología de obligaciones en etapas:
“respetar, proteger, promover y cumplir” 38 ; y es en este marco donde se debe
analizar el acceso a la justicia. Si el Estado no cumple con estas obligaciones
internacionales, será responsable de la comisión de un hecho considerado internacionalmente
ilícito39 . Por lo tanto, es de suma importancia que la violencia
de género sea considerada una violación a los tratados internacionales.
La obligación de respetar corresponde a la primera etapa que requiere que
el Estado asegure que los funcionarios públicos, cuyos actos y omisiones le
son imputables, no cometan tal violencia. La violencia cometida por representantes
del Estado contra la integridad física y/o mental de un individuo
tiene como consecuencia la responsabilidad directa del Estado, de acuerdo
con el derecho internacional. La Corte IDH incluyó esa obligación en el artículo
1 de la CADH40 . Abarca, por ejemplo, actos de violencia en instituciones
del Estado, como las prisiones y los centros de detención, e incluye actos
específi cos de género, como las requisas vaginales. Según el Comité de la CE-
DAW, también abarca aquellos actos de violencia sexual contra las mujeres
cometidos durante la dictadura que no hayan sido sancionados41 .
38 A. T. vs. Hungría, Comunicado N° 2/2003, 26 d enero de 2005, recomendaciones II, párr. a;
Recomendación General de la CEDAW N° 28, ver nota 12 ut supra, párr. 9.
39 Comisión de Derecho Internacional, Artículos sobre la Responsabilidad del Estado por Hechos
Internacionalmente Ilícitos, adoptados en la 53° Sesión de la Comisión de Derecho Internacional,
2001, AG Res. 56/83, 12 de diciembre de 2001.
40 Caso Velásquez Rodríguez v. Honduras, supra nota 9, párrs. 160-168.
41 Comité de la CEDAW, Observaciones Finales. Argentina, CEDAW/C/ARG/CO/6, 16 de agosto
de 2010, párr. 25-6.