Estrategias de Litigio - Ministerio Público de la Defensa

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Estrategias de litigio para la defensa de los derechos de las mujeres
En nuestro país, la ley 25.781 sustituyó el segundo párrafo del artículo 1276
6del Código Civil, que establecía que la disposición y administración de los
bienes conyugales esté a cargo del marido únicamente cuando no podía determinarse
su origen o la prueba era dudosa y lo reemplazó por un nuevo texto
que prevé la disposición y administración conjunta.
También ocurre con frecuencia que frente a la separación de los cónyuges,
si bien son las mujeres quienes continúan habitando en la vivienda familiar
cuando existen hijos, los maridos sistemáticamente cesan de pagar las deudas
contraídas por ellos antes de la separación, lo cual deja a la vivienda de las
mujeres a merced de los acreedores y, en última instancia, esto culmina en la
pérdida de la casa en un sinfín de casos.
La discriminación jurídica de la mujer en la administración y disposición
de los bienes matrimoniales las expone a situaciones de alta vulnerabilidad
frente a los desalojos que son, muchas veces, provocados por la negligencia o
fraudulencia en la administración que hacen los maridos.
Es verdad que en las últimas dos décadas se avanzó en forma signifi cativa en
cuanto a los marcos legales que reconocen a las mujeres el derecho a la propiedad
y a la herencia. Sin embargo persisten prácticas culturales y mecanismos que
limitan la efectiva aplicación de las leyes. Las mujeres de sectores pobres y empobrecidos,
mujeres solas con hijos, mujeres desplazadas por confl ictos armados,
por desastres naturales y por especulación económica del suelo, mujeres migrantes,
y mujeres indígenas y afro descendientes sufren limitaciones y/o discriminaciones
para el acceso a la tenencia segura de la vivienda, o bien a subsidios y
créditos para obtenerla. En un alto porcentaje, ellas no cumplen con los criterios
de elegibilidad para el acceso a la vivienda subsidiada o subvencionada. Éstos
presuponen la existencia de ingresos regulares y empleos formales, mientras que
los ingresos de las mujeres provienen de empleos informales e inestables7 .
Por otra parte, en el área rural, las mujeres campesinas también se topan
con barreras de orden jurídico, sociocultural e institucional que limitan el acceso
de las agricultoras a la tierra y el control sobre ella.
Alrededor del 48% del ingreso familiar de América Latina es generado por
la labor de unas 60 millones de mujeres rurales que todos los días trabajan la
6 El artículo anterior sostenía: “Si no se puede determinar el origen de los bienes o la prueba fuere
dudosa, la administración y disposición corresponde al marido…”
7 Carta por el derecho de las mujeres a la ciudad, punto 2.6. Disponible en http://www.hic-net.org/
document.php?pid=2560.