Estrategias de Litigio - Ministerio Público de la Defensa

Violencia de Género
Según se sustenta en las siguientes secciones, esta norma prevé un permiso
para abortar en casos de violación y de abuso sexual, es decir, regula lo que
denominamos aquí “causal violación” del aborto no punible o para la interrupción
legal del embarazo (ILE). En este caso, el acceso al aborto justifi cado puede
exigir la prestación de servicios médicos para que accedan al aborto las mujeres
de cualquier edad que han sido víctimas de una violación propia o impropia,
según lo defi nen los artículos 119 y siguientes del Código Penal al tipifi car los
delitos contra la integridad sexual. Es decir que, tal como lo han interpretado los
fi rmantes de la Declaración del Consejo Directivo de la Asociación Argentina
de Profesores de Derecho Penal sobre Aborto (en adelante, la “Declaración”) 20 ,
difundida en septiembre de 2010 y adjunta al presente como Anexo I:
Los abortos justifi cados en el Código Penal Argentino desde 1922, que no necesitan
autorización de jueces ni de comités médicos para su realización, son:
a) El realizado con el consentimiento de la mujer y practicado por un médico
cuando no existe otro medio para evitar un peligro para la vida o la salud –física
o psíquica– de la madre.
b) Cuando el embarazo fue causado por una violación respecto de una mujer
sana mentalmente.
c) Cuando el embarazo es producto de un acceso carnal con mujer menor de
trece años.
d) Cuando el embarazo es producto de un acceso carnal con mujer que por
alguna otra razón (por ejemplo, defi ciencias mentales) no pudo consentir el
acto sexual, y
f) Cuando el embarazo no es producto de acceso carnal, sino de cualquier acción
no consentida contra cualquier mujer. (Declaración, párrafo 1)
Por otra parte, el reconocimiento de los derechos de las víctimas de violencia
y de los permisos para abortar antes defi nidos, conjugado con la protección
legal del derecho a la salud, conllevan una serie de obligaciones para distintos
actores del sistema de salud que mandan garantizar la disponibilidad, accesibilidad,
adaptabilidad y calidad de servicios de aborto para los casos de violación y
abuso sexual 21 . En el contexto de la Ciudad de Buenos Aires, esta obligación su-
20 En el mismo sentido se habían manifestado dos años antes los docentes y abogados fi rmantes de la
Declaración de Juristas sobre la Guía para la Atención Integral de los Abortos No Punibles emitida el
22/9/2008 y suscripta por profesores de Derecho de diversas Universidades del país. Véase al respecto,
Faerman, R.; Menéndez, V., “El caso Profamilia: Un análisis de la regulación del aborto no punible en
la Ciudad”. Revista Jurisprudencia Argentina, Suplemento Especial, Junio, 2011.
21 Ramos, S.; Bergallo, P.; Romero, M.; Arias Feijoo, A., “El acceso al aborto permitido por la
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