Estrategias de Litigio - Ministerio Público de la Defensa

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Estrategias de litigio para la defensa de los derechos de las mujeres
II. El enfoque de género y la defensa pública de las mujeres en confl icto con
la ley penal
Las condiciones institucionales necesarias para la efectiva protección de los
derechos humanos constituyen un tema prioritario en la agenda de los distintos
órganos que integran el sistema de administración de justicia. En este contexto,
el Ministerio Público de la Defensa es un actor esencial debido a su capacidad
de intervención en la defi nición de estrategias legales que aseguren la inviolabilidad
de la defensa en juicio, el acceso a la justicia y la protección frente a graves
violaciones de derechos y garantías fundamentales.
La reforma de la justicia penal, que ha tenido lugar en los últimos años en
numerosos países de América Latina, ha signifi cado una nueva etapa para los
servicios de defensa pública. Los cambios procesales y los compromisos internacionales
asumidos por los Estados en materia de protección de derechos
humanos han generado un clima propicio para el crecimiento cuantitativo y
cualitativo de estos servicios8 . En distintos países, se han consolidado modelos
de asistencia jurídica gratuita que parten de una noción robusta de la defensa
pública. De acuerdo con estos modelos, no basta con la mera provisión de una
defensa técnica adecuada; es necesario, además, que existan mecanismos institucionales
que aseguren el acceso a la justicia y que contemplen las necesidades
propias de los sectores más vulnerables9 .
Los problemas de desigualdad social que caracterizan a los grupos sociales
más desprotegidos han sido identifi cados por los órganos internacionales de protección
de derechos humanos como trabas al acceso a la justicia. Así, en la Opinión
Consultiva 16/99, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló:
Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los factores de
desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Es así como se atiende el
principio de igualdad ante la ley y los tribunales y a la correlativa prohibición de
discriminación. La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar
medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y
defi ciencias que impidan o reduzcan la defensa efi caz de los propios intereses. Si
8 Para un análisis completo de las implicancias que ha tenido el proceso de reforma procesal en
América Latina, véase, entre otros trabajos, Langer, Máximo, “Revolución en el proceso en el penal
latinoamericano: difusión de ideas legales desde la periferia”, Santiago de Chile, Centro de Estudios
de las Américas, 2008, disponible en www.cejamericas.org
9 López Puleio, María Fernanda, “Acceso a la justicia: los retos de una defensa pública con perspectiva
de género”, en Birgin, Haydée y Gherardi, Natalia, (coords.), Refl exiones jurídicas desde la perspectiva
de género, Colección: Género, derecho y justicia, Nº 7, México, Editorial Fontamara, 2011, p. 239.