Estrategias de Litigio - Ministerio Público de la Defensa

Violencia de Género
tierra8 . A pesar del rol fundamental que las mujeres desempeñan en la economía
campesina, su acceso a la tierra siempre ha sido limitado a causa de
la falta de implementación de una auténtica reforma agraria. Esto también ha
provocado migraciones de mujeres del campo a la ciudad, donde quedan sujetas
a trabajos precarios en el empleo doméstico o en talleres textiles, a veces en
estado de semi exclavitud.
Por ejemplo, en Nicaragua y Honduras, las leyes agrarias reconocen el derecho
de la mujer a ser benefi ciaria directa de la reforma agraria. No obstante,
persisten normas discriminatorias en las leyes civiles que condicionan su acceso
a la tierra; y en la práctica, a pesar de que las tierras podrían ser tituladas a su
nombre, son pocas las mujeres que disponen de títulos de propiedad.
Al igual que las mujeres urbanas, las campesinas también tienen obstáculos
para acceder a la tierra, en primer lugar, por medio de las sucesiones, y si bien
las leyes que regulan los temas sucesorios son distintos en cada país latinoamericano,
en la mayoría de ellos la ley agraria y/o el código civil no reconocen
plenamente el derecho de la mujer casada o conviviente de hecho a heredar
la tierra en caso de muerte o abandono del marido o compañero. Aunque en
Argentina esta discriminación no existe para las mujeres casadas, aún subsiste
respecto a las que permanecen unidas en concubinato.
Además, la cultura patriarcal, fuertemente arraigada en el campo, no considera
el rol de las mujeres como productoras e impide que ellas accedan, en
condiciones paritarias al hombre, a la tierra y a los demás servicios relacionados
con la producción, como el crédito, la asistencia técnica y la capacitación.
Por lo demás, la falta de información catastral actualizada y desagregada por
sexo, la carencia de una política pública con perspectiva de género y la ausencia
de estadísticas precisas que refl ejen la verdadera contribución de las mujeres en la
producción agropecuaria constituyen sólo algunas de las barreras institucionales
que perpetúan la discriminación de las mujeres en el acceso a la tierra.
La segunda de las formas de adquisición de la propiedad es la adjudicación
por parte del Estado. En este sentido, la discriminación contra las mujeres se
debe a los sesgos masculinos que por lo general presentan los programas estatales
de distribución de la tierra. Con frecuencia las políticas públicas para
titular las tierras a favor de quienes las poseen, privilegian a los jefes de hogar
8 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), “Mujer y
tenencia de la tierra”. Disponible en http://www.fao.org/focus/s/women/tenure-s.htm
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