Estrategias de Litigio - Ministerio Público de la Defensa

Violencia de Género
lidad de asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito son dos aspectos clave
para asegurar el acceso de las personas a la justicia 32 . En ese entendimiento, las
normas locales vigentes en varias provincias ya los contemplaban aún antes de
la sanción de la Ley 26.485.
a. Gratuidad en los procedimientos
La gratuidad de los procesos se menciona en forma concreta en los artículos
3, 16, inc. a) y 20, que forman parte de las disposiciones generales aplicables en
todo el territorio de la nación.
Artículo 3. Derechos protegidos. Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos
en la CEDAW y la Convención Belem do Pará, la Convención sobre los Derechos
de los Niños y la Ley 26.061, y en especial los referidos a: (i) Gozar de acceso gratuito
a la justicia en casos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley.
En la reglamentación de este inciso, el Decreto 1.011/10 prescribe que:
El acceso a la justicia es gratuito independientemente de la condición económica de
las mujeres, no siendo necesario alegar ni acreditar situación de pobreza.
Esta disposición es complementada para el ámbito de la CABA en el artículo
20, referida al procedimiento, respecto del cual la reglamentación dispone:
La gratuidad del trámite implica que todas las actuaciones quedarán eximidas del
pago de sellados, tasas, depósitos o cualquier otro impuesto y/o arancel que pudieren
cobrar las entidades receptoras.
A los fi nes de ser eximido del pago de determinadas diligencias que pudieran
llevar a ocasionar gastos especiales, deberá consignarse específi camente en
cada una de ellas el tipo de proceso de que se trata y el pedido expreso del juez
o tribunal de que se considere su naturaleza y objeto para quedar excusadas las
partes de cubrir su costo. Como ejemplo, puede mencionarse que el decreto
1.011/11 determina expresamente que de ordenarse como medida protectoria
un inventario de los bienes del matrimonio o la pareja, “se aplica el principio de
gratuidad del procedimiento consagrado por la ley” (artículo 26, inc. a.9), de
modo que lo llevará a cabo un ofi cial de justicia.
tuciones, actores y experiencias comparadas, Biblos, Buenos Aires, 2006).
32 La gratuidad del procedimiento, entendido como exención del pago de tasas de justicia y sellados,
no es sin embargo el único costo económico que difi culta la iniciación y continuidad del
proceso: el traslado de la demandante a los tribunales de justicia, la jornada de trabajo perdida, los
costos de cuidado de integrantes dependientes del hogar, son algunas de las situaciones personales
que se traducen en costos económicos que pueden difi cultar o hasta impedir el acceso a la justicia.
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