Estrategias de Litigio - Ministerio Público de la Defensa

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Estrategias de litigio para la defensa de los derechos de las mujeres
res29 . En atención a este problema, tanto la Ley 26.485 como anteriormente las
normas locales, habían contemplado disposiciones en dos sentidos: la gratuidad
de los procedimientos y la posibilidad de prescindir de patrocinio jurídico.
La Ley de Protección Integral contra la Violencia incluye el tema entre los objetivos
centrales que pretende promover y garantizar, en los siguientes términos:
Artículo 2: Objeto. La presente ley tiene por objeto promover y garantizar… (f) el
acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia.
Para precisar el alcance de ese objetivo, el Decreto Reglamentario apunta:
El acceso a la justicia a que hace referencia la ley que se reglamenta obliga a ofrecer
a las mujeres víctimas de violencia todos los recursos necesarios en todas las esferas
de actuación del ESTADO NACIONAL, ya sean de orden administrativo o judicial
o de otra índole que garanticen el efectivo ejercicio de sus derechos.
El acceso a la justicia comprende el servicio de asistencia jurídica gratuita, las garantías
del debido proceso, la adopción de medidas positivas para asegurar la exención
de los costos del proceso y el acceso efectivo al recurso judicial.
De acuerdo con estas disposiciones, la garantía de acceso a la justicia se
circunscribe a las esferas de actuación del Estado Nacional. Este aspecto resulta
confuso en la ley, ya que las esferas de actuación aparecen reducidas a las de la
justicia nacional aplicada en el ámbito de la CABA30 .
Sin embargo, dos de las cuatro garantías que se mencionan en el segundo
párrafo de la reglamentación del artículo 2 inciso (f) son aplicables a todas las
personas cuyos derechos se encuentran vulnerados: el derecho al debido proceso
y el acceso efectivo al recurso judicial son garantías contenidas en la Constitución
Nacional, propias del estado de derecho y que, por lo tanto, pueden
invocar todas las personas (varones y mujeres) respecto de todos los derechos
(incluyendo el derecho a una vida libre de violencia).
Más precisas son las otras garantías mencionadas que pueden resultar claramente
determinantes en las posibilidades de acceder a un recurso legal efectivo
y al debido proceso legal31 . La gratuidad en los procedimientos y la disponibi-
29 Véase Birgin, Haydée y Kohen Beatriz, El acceso a la justicia como garantía de igualdad: instituciones,
actores y experiencias comparadas, Biblos, Buenos Aires, 2006.
30 Eventualmente también la justicia federal aplicable en las provincias, por ejemplo para el caso
de investigaciones que correspondan al fuero federal.
31 Gargarella menciona los costos económicos y la falta de representación jurídica entre los obstáculos
materiales para el acceso a la justicia (Gargarella, Roberto, “Protesta social y parcialidad
jurídica”, en Birgin y Kohen (compiladoras), El acceso a la justicia como garantía de igualdad: insti-