Estrategias de Litigio - Ministerio Público de la Defensa

Violencia de Género
tidad cultural y social, además de la carencia de vinculación familiar y afectiva.
Es decir, esta regla favorece la solución que aquí propugnamos, máxime cuando,
cabe insistir en ello, Argentina ha adoptado una postura radical en cuanto
a no disponer medidas de reinserción social para con las personas extranjeras
que recibieron condena, y priorizar su expulsión, condonando la mitad de la
pena impuesta. No tiene ningún sentido tomar medidas para devolver al niño
a su lugar de origen y retener a su madre, sobre quien el Estado evidenció un
desinterés absoluto en que permanezca en nuestro país. La interpretación armónica
de todas las normas que mencionamos antes indica que lo que más se
ajusta a derecho es devolver al niño junto con su madre y evitar así las numerosas
afectaciones que ya señalamos.
La regla 57 también favorece nuestra solución ya que ordena a los Estados
que, en el marco de sus ordenamientos jurídicos, elaboren “medidas opcionales
y alternativas a la prisión preventiva y la condena, concebidas específi camente
para las mujeres delincuentes, teniendo presente el historial de victimización
de muchas de ellas y sus responsabilidades de cuidado de otras personas…” (el
destacado es mío). Este compromiso está dirigido fundamentalmente a generar
políticas públicas por parte de los distintos poderes del Estado, lo que debe
alcanzar también a las resoluciones judiciales. En este sentido, se exige que la
intervención jurisdiccional recurra a todas las herramientas de nuestro ordenamiento
jurídico interno, que se analicen detenidamente los confl ictos constitucionales
y los derechos en juego, para dar una solución adecuada y legítima
a la situación de mujeres extranjeras presas con sus hijos.
Finalmente, en la misma dirección, la regla 58 dispone: “…no se separará a
las delincuentes de sus parientes y comunidades sin prestar la debida atención a
su historial y sus vínculos familiares. Cuando proceda y sea posible, se utilizarán
mecanismos opcionales en el caso de las mujeres que cometan delitos, como las
medidas alternativas y otras que sustituyan a la prisión preventiva y la condena….”.
También se prevé que: “Al adoptarse decisiones relativas a la puesta en
libertad condicional anticipada se tendrán en cuenta favorablemente las responsabilidades
de cuidado de otras personas de las reclusas y sus necesidades específi
cas de reinserción social” (Regla 63). En nuestro sistema, los benefi cios penitenciarios
(salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, libertad asistida)
se materializan siempre a partir de la mitad de la condena y exigen, en todos los
casos, arraigo y domicilio en el país. De acuerdo con ello, en estos casos, la ejecución
anticipada de una orden de expulsión vigente, fi rme y consentida, constituye
una medida que sustituye a la sanción penal y se transforma en la única herramienta
efi caz para evitar la prisionización del niño o su separación de su madre.
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