Estrategias de Litigio - Ministerio Público de la Defensa

Violencia de Género
5. Legítima defensa por violencia de género: de la excepción a la regla
Como hemos visto, la mirada tradicional del sistema penal para la procedencia
de la legítima defensa en casos de imputadas por homicidio consiste en
una doble exigencia, hoy extra legal, para el reconocimiento de su inocencia.
Por una parte, la exigencia de estar siendo torturada; por otra, que la imputada
se comporte y la defensa encuadre su accionar dentro de estereotipos de
femineidad normativa. Este estándar inalcanzable se organiza con la hegemonía
médica-psiquiátrica y los prejuicios de operadorxs jurídicxs basados en la
justifi cación de la violencia por parte de los varones; el acento en el carácter
patológico de las mujeres, su inferioridad, su responsabilidad en el inicio de
un ciclo de violencia y por no huir del torturador. Quienes no conforman este
patrón normativo pueden ser condenadas aun a pesar de haber sido torturadas,
o de haberse defendido legítimamente.
En estos casos, tanto la acusación como la refutación de la prueba de descargo
se dirigen a cuestionar la credibilidad de la imputada en base a estereotipos.
Encontramos que los organismos del orden y la fi scalía siguen acusando a
las mujeres, travestis, lesbianas y trans y promoviendo su condena, aun cuando
hay elementos contundentes que demuestran la presencia de tortura y un marco
normativo vigente al respecto 69 . En su mayoría, las defensas no referencian estándares
o normas en esta materia, manuales y protocolos locales que guíen la
discrecionalidad fi scal y judicial: el encuadre de la estrategia defensiva en torno a
estereotipos de femineidad normativa remplaza el testimonio experto, los estándares
de derechos humanos, e incluso los síndromes (como el de la mujer golpeada
o la violencia reactiva). Las principales consecuencias de la discriminación de
69 Comisión IDH, “Estándares Jurídicos..:”, 2011, p. 79. “Otros aspectos innovadores del informe
de fondo en el caso de Karen Atala para la discriminación por razones de género se relacionan a: a)
la incorporación de la orientación sexual dentro de la frase ‘otra condición social’ establecida en el
artículo 1.1 de la Convención Americana; y b) la aplicación de un estándar de escrutinio estricto a
toda diferencia de trato basada en la orientación sexual de una persona, dado que se presume como
sospechosa. En el caso concreto, luego de aplicar un examen o test estricto, la CIDH observó que existía
un fi n legítimo por parte del Estado –la necesidad social imperiosa de proteger el interés superior
de las hijas de Karen Atala en su condición de niñas– en sus acciones, sin embargo, consideró que no
existió una relación lógica de causalidad de medio a fi n y, por lo tanto, las decisiones judiciales que se
analizaron no cumplieron con el requisito de idoneidad, constituyendo ‘distinciones arbitrarias e incompatibles
con la Convención’. Por tal motivo, la CIDH fi nalmente consideró irrelevante referirse a
los demás aspectos del test. El informe asimismo presenta estándares innovadores sobre el alcance del
derecho a la privacidad, a la protección de la familia, los derechos de los niños y las niñas, y el derecho
a las garantías judiciales y a la protección judicial”, CIDH, Demanda ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Caso Karen Atala e Hijas, Caso No. 12.502, 17 de septiembre de 2010.
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