Estrategias de Litigio - Ministerio Público de la Defensa

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Estrategias de litigio para la defensa de los derechos de las mujeres
del Estado para desterrar la impunidad generalizada respecto de la violencia de
género. La CIDH ha dicho:
…la falta de debida diligencia para aclarar y castigar esos delitos [de violencia de
género] y prevenir su repetición refl eja el hecho de que los mismos no se consideran
como problema grave. La impunidad de esos delitos envía el mensaje de que esa
violencia es tolerada, lo que favorece su perpetuación85 .
La convención de Belém do Pará obliga al Estado a “establecer procedimientos
legales justos y efi caces para la mujer que haya sido sometida a violencia,
que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el
acceso efectivo a tales procedimientos” (art. 7). Con relación a las imputadas
por homicidio, la debida diligencia en la prevención, investigación, enjuiciamiento,
sanción de los responsables y reparación integral para las víctimas de
violencia de género requiere, en nuestro contexto, la prestación pública de la
defensa penal adecuada desde las instancias iniciales del proceso. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos tiene un conjunto de pronunciamientos
“destacando el vínculo entre la discriminación y la violencia contra las mujeres
y el deber de los Estados de actuar con la debida diligencia requerida para prevenir,
investigar, sancionar y reparar estos actos” 86 .
Según la ley 26.485:
Los/as funcionarios/as policiales, judiciales, agentes sanitarios, y cualquier otro/a
funcionario/a público/a a quien acudan las mujeres afectadas, tienen la obligación
85 Informe sobre los derechos de las mujeres en Ciudad Juarez, México, “El derecho a no ser objeto
de violencia y discriminación”, OEA/ser: L/VII, 117, Doc. 44, 7 de marzo de 2007.
86 Comisión IDH, “Estándares Jurídicos…”, 2011. En el caso María Da Penha, “La CIDH en su decisión
de fondo encontró que el caso individual de Maria da Penha se enmarcaba en un patrón general
de tolerancia del Estado y de inefi ciencia judicial ante casos de violencia doméstica. La Comisión fue
enfática en declarar que la obligación del Estado de actuar con debida diligencia va más allá de la obligación
de procesar y condenar a los responsables, y también incluye la obligación de ‘prevenir estas
prácticas degradantes’”, p. 7. En igual sentido, Comisión IDH, “Estándares Jurídicos…”, 2011, p. 35, Nº
151462/16.115, “Fiscal c/ C E p./ Coacción”, San Rafael, Mendoza, 14 de agosto de 2009, Argentina:
“me permito recordar que como funcionarios del Poder Judicial, estamos alcanzados por los deberes
establecidos en la ‘Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer’ o ‘Convención de Belém Do Pará’, que fuera adoptada por la Asamblea General de
la Organización de los Estados Americanos, el 9 de julio de 1994, ratifi cada por nuestro País el 5 de
julio de 1996 y convertida en Ley nacional Nº 24.632 [...] Ese Documento Internacional, afi rma que
la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y a sus libertades fundamentales.
Consecuente con esta premisa, tiene por fi n prevenir, sancionar y erradicar toda forma de
violencia contra ella. Por lo que sus normas, en casos en los que se sustancian problemáticas como las
aquí consideradas, deben aplicarse con las adecuaciones correspondientes”.