Estrategias de Litigio - Ministerio Público de la Defensa

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Estrategias de litigio para la defensa de los derechos de las mujeres
parciales cuestionan la adecuación constitucional de algún permiso en particular
o aspectos de su aplicación (punto 3.2.b.). Un segundo grupo de cuestionamientos
sustantivos puede ser identifi cado como objeciones de estructura (punto
3.2.) que, si bien aceptan la constitucionalidad del régimen de indicaciones
del artículo 86 del CPN, cuestionan aspectos de su diseño, tales como 33 : (a) el
alcance de las causales de no punibilidad, (b) el status legal de las indicaciones, y
(c) la legalidad de la regulación de los servicios de aborto no punible establecida
por normas como la Resolución 1174/07 de la CABA.
3.1. La constitucionalidad del modelo de indicaciones 34
(a) La constitucionalidad del modelo de indicaciones frente a las objeciones
maximalistas
El modelo de indicaciones para el aborto ha enfrentando por lo menos dos
tipos de objeciones centradas en su inadecuación constitucional. Según el cuestionamiento
más estructural, que nuclea lo que he propuesto denominar objeciones
constitucionales maximalistas, la Constitución argentina y, en especial,
los tratados de derechos humanos de rango constitucional, imponen un deber
de penalización total del aborto que emerge del reconocimiento de un derecho
absoluto a la vida en gestación. Este tipo de objeciones se basa en una interpretación
errónea de las alternativas jurídicas compatibles con los compromisos
constitucionales e internacionales vigentes en materia de protección de la vida,
al tiempo que reniega del conjunto de normas que justifi ca excepciones a la
aplicación del derecho penal en los casos en que se encuentran en peligro derechos
de las mujeres como los que justifi can las indicaciones despenalizadas.
La lectura del derecho argentino que sustenta un mandato de penalización
del aborto sin excepciones no sólo propone una descripción inexacta de la normativa
vigente en el derecho internacional, sino que además contradice claramente
una comprensión razonable de la protección de la vida, la igualdad y
la autonomía previstas en nuestra Constitución y en nuestro sistema jurídico
en general. Ni la Constitución ni los tratados o nuestras leyes exigen una pe-
revelada por algunos en varios casos litigados ante pedidos de aborto no punible.
33 Estos grupos comparten con los defensores de la estrategia a favor del cumplimiento la idea de
que algunas excepciones a la penalización del aborto pueden permitirse. Pero a diferencia de ellos,
adoptan posturas restrictivas sobre las permisiones.
34 El texto de esta sección se basa en la Introducción del libro Bergallo, P., Aborto y Justicia Reproductiva,
op.cit.