Estrategias de Litigio - Ministerio Público de la Defensa

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Estrategias de litigio para la defensa de los derechos de las mujeres
Sin duda, hay menos coordinación interinstitucional e interjurisdiccional
que la necesaria; la disponibilidad de servicios posiblemente no alcance a satisfacer
la demanda; y la información pública no siempre refl eja la realidad del
servicio cuando se recurre a él. La frustración de las expectativas depositadas
en las instituciones por parte de mujeres en situaciones de violencia puede resultar
arrolladora para las fuerzas de las que disponen. Por ese motivo, la contribución
que las operadoras y operadores de justicia puedan brindar para allanar
ese camino en su práctica cotidiana, tendrá seguramente un efecto decisivo
para la real satisfacción de los derechos.
Más allá de las situaciones particulares de quienes requieran los servicios
sociales, de salud y de justicia, desde el punto de vista de la política institucional
las garantías aún no cumplidas de la Ley 26.485 en materia de políticas públicas
brindan un amplio espacio para impulsar acciones de interés público para demandar
su efectiva implementación.
4. Herramientas legales en la Ley 26.485
Aun reconociendo la necesidad de brindar respuestas integrales que mejoren
el acceso a las políticas públicas, lo cierto es que la legislación vigente brinda herramientas
que deben aprovecharse. La Ley de Protección Integral contra la Violencia
incorpora aspectos novedosos que deben ser conocidos por operadores
de justicia a fi n de potenciar su contribución en la solución de esta problemática.
En los próximos apartados, se tratan algunos de los puntos más relevantes
de la Ley 26.485.
4.1. La legitimación activa: facultades y obligaciones
El principio general establecido en las normas vigentes es que la persona
que atraviesa una situación de violencia tiene la facultad de denunciar el hecho
y a la persona sindicada como responsable. En el ámbito de la violencia
doméstica, esto signifi ca que la mujer (en los términos de la Ley 26.485) puede
denunciar el hecho de violencia sufrida y a la persona del perpetrador.
Además, hay otras personas que pueden (y en ocasiones deben) denunciar
situaciones de violencia que lleguen a su conocimiento, sin perjuicio de los
interrogantes que pueden plantearse en torno a la efi cacia de las intervenciones
requeridas por terceros cuando las personas involucradas, por una cantidad de
obstáculos materiales y subjetivos, no han tomado la decisión de formular o
sostener la denuncia de violencia.