Estrategias de Litigio - Ministerio Público de la Defensa

Violencia de Género
f) El derecho a igualdad en la familia;
g) El derecho al más alto nivel posible de salud física y mental;
h) El derecho a condiciones de empleo justas y favorables.
8. La Convención se aplica a la violencia perpetrada por las autoridades públicas.
Esos actos de violencia también pueden constituir una violación de las obligaciones
del Estado en virtud del derecho internacional sobre derechos humanos u otros
convenios, además de violar la Convención.
En esa oportunidad, el Comité agregó que la Convención no solo se aplicaba
a la violencia estatal:
9. No obstante, cabe subrayar que, de conformidad con la Convención, la discriminación
no se limita a los actos cometidos por los gobiernos o en su nombre (véanse
los incisos e) y f) del artículo 2 y el artículo 5). Por ejemplo, en virtud del inciso e)
del artículo 2 de la Convención, los Estados Partes se comprometen a adoptar todas
las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada
por cualesquiera personas, organizaciones o empresas. En virtud del derecho internacional
y de pactos específi cos de derechos humanos, los Estados también pueden
ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida
para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de
violencia e indemnizar a las víctimas.
Por su parte, en la Recomendación n° 24 (1999) el Comité elaboró una serie
de recomendaciones respecto de las prestaciones en materia de salud que los
Estados Partes debían otorgar a las mujeres:
14. La obligación de respetar los derechos exige que los Estados Partes se abstengan
de poner trabas a las medidas adoptadas por la mujer para conseguir sus objetivos
en materia de salud. Los Estados Partes han de informar sobre el modo en
que los encargados de prestar servicios de atención de la salud en los sectores público
y privado cumplen con su obligación de respetar el derecho de la mujer de
acceder a la atención médica. Por ejemplo, los Estados Partes no deben restringir
el acceso de la mujer a los servicios de atención médica ni a los dispensarios que
los prestan por el hecho de carecer de autorización de su esposo, su compañero,
sus padres o las autoridades de salud, por no estar casada* o por su condición de
mujer. El acceso de la mujer a una adecuada atención médica tropieza también
con otros obstáculos, como las leyes que penalizan ciertas intervenciones médicas
que afectan exclusivamente a la mujer y castigan a las mujeres que se someten
a dichas intervenciones.
En el ámbito regional específi co, tiene gran relevancia la Comisión Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(CMV), conocida como Convención de “Belem do Pará”. Esta convención,
adoptada el 9/6/2004, fue aprobada por el Congreso de la Nación mediante la
Ley 24.632 (B.O. 9/4/1996).
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