Estrategias de Litigio - Ministerio Público de la Defensa

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Estrategias de litigio para la defensa de los derechos de las mujeres
sus historias; otras han asesinado a sus agresores. Muchas de estas víctimas además,
han sido encontradas como coautoras o cómplices de los delitos que sus
agresores han cometido. Para la justicia penal, esa situación de coerción queda
absolutamente invisibilizada 88 .
Finalmente, las víctimas de violencia de género imputadas de delitos tienen el
derecho a contar con asistencia para preservar su salud física y psíquica: “En toda
instancia del proceso se admitirá la presencia de un/a acompañante como ayuda
protectora ad honórem, siempre que la mujer que padece violencia lo solicite y
con el único objeto de preservar la salud física y psicológica de la misma” 89 .
7. Valoración arbitraria de la prueba de descargo en instancias tempranas
del proceso
El deber de debida diligencia también demanda que la política de persecución
y juzgamiento actúe de acuerdo con criterios de derechos humanos. El
reconocimiento explícito de los derechos humanos de mujeres, travestis, trans
y lesbianas impacta sobre la política de persecución penal. La protección de
ciertas personas o poblaciones marginadas que corren mayor peligro de ser
torturadas forma parte de la obligación de impedir la tortura y los malos tratos.
El Estado debe velar porque, en el marco de las obligaciones que ha contraído
en virtud de la Convención contra la Tortura:
21 […] sus leyes se apliquen en la práctica a todas las personas, cualesquiera que
sean su raza, color, grupo étnico, edad, creencia o adscripción religiosa, opinión
política o de otra índole, origen nacional o social, género, orientación sexual, identidad
transexual, discapacidad mental o de otro tipo, estado de salud, situación
económica o pertenencia a una comunidad indígena, razón por la que la persona se
encuentra privada de libertad, en particular las personas acusadas de delitos políticos
o actos terroristas, los solicitantes de asilo, los refugiados u otras personas que
se encuentran bajo protección internacional, o cualquier otra condición o factor
distintivo adverso. Por lo tanto, los Estados Partes deben garantizar la protección
de los miembros de los grupos que corren mayor peligro de ser torturados, enjuiciando
y castigando cabalmente todos los actos de violencia y maltrato cometidos
contra esas personas y velando por la aplicación de otras medidas positivas de prevención
y protección…90 88 Malacalza, Laurana, Jaureguiberry, Inés y Caravelos, Sofía Helena, Acceso a la justicia de las mujeres
detenidas en la provincia de Buenos Aires, Comité Contra la Tortura, de la Comisión provincial
por la Memoria/ Colectivo de investigación y Acción Jurídica, 2008, p. 3, disponible en http://www.
comisionporlamemoria.org/comite/mujeres/01.pdf.
89 Ley 26.485, art. 25.
90 Comité contra la Tortura de la ONU, Observación General No. 2 sobre aplicación del artículo