Estrategias de Litigio - Ministerio Público de la Defensa

Violencia de Género
Asimismo, la ley 26.485 establece que lxs juezxs tienen la obligación de proteger
a quienes corran el riesgo de padecer nuevos actos de violencia (art. 30).
Sin embargo, al analizar los casos de imputadas por homicidio se advierte
que llegan a juicio, incluso a instancias superiores, una gran mayoría de casos
que no deberían hacerlo, con resultado dispar. Ello revela que la prueba de descargo
no es tenida en cuenta tempranamente por el Ministerio Público Fiscal
ni por lxs juezxs, y muchas veces tampoco es tenida en cuenta la abundante
prueba que en este sentido se produce en juicio.
Es necesario atacar expresamente los prejuicios sexistas y racistas que afectan
negativamente la valoración de la prueba de descargo tanto en instancias
iniciales como en los juicios, así como dentro del derecho a impugnar las decisiones.
Por una parte, estos prejuicios minimizan la relevancia de la violencia
de género. Cuando los organismos del orden y la fi scalía no consideran la violencia
de género una violación grave, pueden omitir prueba relevante:
Los casos […] ponen de manifi esto la forma en que la falta de exhaustividad en
el análisis de la prueba evidencia la ausencia de esfuerzos dirigidos a efectuar una
investigación seria y efectiva de los hechos denunciados. Otros casos directamente
evidencian la tramitación de investigaciones tendenciosas y parcializadas, con
fuerte presencia de estereotipos y prejuicios que conducen a realizar interpretaciones
y valoraciones arbitrarias. El análisis fragmentado del relato de las víctimas y
demás elementos colectados resulta particularmente desalentador, ya que conlleva
la descontextualización de las características propias de las relaciones entre agresores
y mujeres agredidas y oculta la discriminación en que se origina la violencia91 .
Esta minimización se evidencia en el uso excesivo de la prisión preventiva,
fundado en el también excesivo uso de agravantes en los casos de homicidio.
Como resultado, “[e]l uso excesivo e infundado de la prisión preventiva en las
mujeres es aún mayor que en el caso de los hombres, mientras que el 74% de la
población masculina detenida se encuentra bajo la prisión preventiva, el porcentaje
de las mujeres con prisión preventiva es del 86.6%” 92 .
Por otra parte, los prejuicios afectan negativamente la valoración de la credibilidad
de las mujeres que denuncian haber sufrido hechos de violencia:
La reiteración de episodios de violencia constatada […] demuestra las consecuencias
que tiene un accionar judicial que descree y desatiende los relatos de violencia
2 por los Estados Partes, documento CAT/C/GC/2 del 24 de enero de 2008.
91 Defensoría General de la Nación, Justicia penal y violencia de género, discriminación de género
en las sentencias judiciales, 2010, p. 81.
92 Comité contra la Tortura, Malacalza et. al., 2008, p. 1.
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