Estrategias de Litigio - Ministerio Público de la Defensa

Violencia de Género
obras o habilitación de emprendimientos que implican la relocalización, la rehabilitación
o el mejoramiento de las viviendas.
Las mujeres solteras, divorciadas y viudas no suelen tener acceso a la compensación
por la pérdida de la vivienda, tierra o propiedad y, cuando se las
considera, no se les reconoce el justo valor de las pérdidas durante el desalojo,
ni la disminución de su remuneración o los daños producidos en éste.
Con frecuencia, las autoridades públicas ordenan desalojos o relocalizaciones
sin brindar el asesoramiento adecuado para que las mujeres afectadas
puedan restablecer sus medios de vida, y tampoco se observan las necesidades
educacionales de sus hijos/as. En el último caso, cuando no se prevén las vacantes
escolares en la zona de la nueva vivienda, los niños/as se ven obligados a
recorrer largos trayectos desde su casa a la escuela, lo cual expone a las niñas a
mayores peligros en el espacio público.
En estas situaciones, las mujeres también tienen difi cultades para recibir
asistencia legal gratuita por muchos motivos, entre ellos, porque no conocen
cuáles son los servicios disponibles, los procedimientos para garantizar la tutela
judicial, ni los remedios legales efectivos. En algunos casos, aunque existen
servicios jurídicos de asistencia, no están disponibles en el horario de los hechos
que se pretenden denunciar.
2. Las trabajadoras domésticas y la vivienda 26
Las mujeres que trabajan en el servicio doméstico son especialmente vulnerables
frente a los desalojos, pues muchas veces estos implican el riesgo de
perder la vivienda que se les proporciona junto con su empleo. La normativa no
contempla la situación de vulnerabilidad de las mujeres empleadas en el servicio
doméstico bajo la modalidad “sin retiro”. En estos supuestos, además de ser
su fuente de trabajo, el empleo constituye, en la mayoría de los casos, su única
vivienda. En tales circunstancias, el despido no signifi ca sólo la pérdida de la
fuente de recursos económicos, sino también de un lugar donde vivir.
El servicio doméstico está regulado en un estatuto creado por el Decreto-Ley
Nº 326/1956. Esta norma fue impuesta durante un gobierno “de facto” y continúa
vigente aunque existe un proyecto de ley con media sanción que se propone mejorar
el estándar general de protección de derechos. Si bien en el Estatuto se ma-
26 Las ideas aquí expuestas forman parte de un estudio que realizó el Centro por el Derecho a la
Vivienda contra los Desalojos, a través del Programa de las Américas. Véase COHRE, Desalojos en
América Latina: los casos de Argentina…, op. cit.
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