Estrategias de Litigio - Ministerio Público de la Defensa

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Estrategias de litigio para la defensa de los derechos de las mujeres
La tutela que dicha norma ha otorgado tradicionalmente a los individuos ha
sido sumamente débil, tal como surge de la siguiente reseña de la jurisprudencia
de la Corte Suprema de la Nación (CSJN) realizada por el mismo tribunal
en el caso “Partido Nuevo Triunfo” (Fallos: 332:433), resuelto en el año 2009:
5º) Que […] se debe tener particularmente presente que el derecho genérico de las
personas a ser tratadas de modo igual por la ley no implica una equiparación rígida
entre ellas, sino que impone un principio genérico -igualdad ante la ley de todos los
habitantes- que no impide la existencia de diferenciaciones legítimas. La igualdad
establecida en la Constitución no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan
excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que en iguales circunstancias se
concede a otros (Fallos: 153:67, entre muchos otros). El criterio de distinción no debe
ser arbitrario o responder a un propósito de hostilidad a personas o grupos de personas
determinados (Fallos: 229:428), o tratar desigualmente a personas que están en
circunstancias de hecho esencialmente equivalentes (Fallos: 229:765).
Al mismo tiempo, debe recordarse que tales propósitos hostiles o arbitrariedad en la
distinción no se presumen, esto es, no serán tenidos por ciertos, según el criterio de
esta Corte, hasta tanto sean probados por quien los invoca (Fallos: 306:2147, 2154).
Dicho de otro modo, las clasifi caciones introducidas por la ley, a la luz del art. 16 de
la Constitución Nacional y de su interpretación por la jurisprudencia de esta Corte,
tienen una presunción favorable que debe ser derrotada por quien la ataque.
Es decir, conforme a este estándar, que podríamos denominar de “mera
razonabilidad” 3 , las distinciones realizadas por la ley entre las personas eran válidas
si aquéllas tenían una base objetiva y el estándar sólo era inconstitucional
si se demostraba que tales distinciones obedecían a “un propósito de hostilidad
a personas o grupos”. Y, dado que la carga de dicha prueba le corresponde a la
persona afectada por la clasifi cación estatal, era claro que en la gran mayoría de
los casos el planteo de inconstitucionalidad era rechazado por los tribunales.
En el área específi ca de la discriminación en materia de género, inicialmente,
la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación tampoco se preocupó
3 Tal como se sostuvo en otra parte: “Es fácil advertir que el test de razonabilidad (o racionalidad)
es un examen light. Reposa en la confi anza en el obrar del Estado. Por eso cabría denominarlo de
mera razonabilidad. […] En efecto, así como cuesta mucho probar la irrazonabilidad de un precepto,
cuesta poco acreditar -inversamente- su razonabilidad. Históricamente está impregnado (aquí y
en los Estados Unidos) por la deferencia hacia los fi nes perseguidos por el Estado e igual deferencia
hacia los medios que implementa para conseguir aquéllos. No es difícil salvar a una norma probando
que no es irracional” (Bianchi, Enrique y Gullco, Hernán, “La cláusula de la igualdad: Hacia
un escrutinio más exigente”, J.A. 2001-I-1241). En este artículo se mencionan otros ejemplos de ese
control judicial deferente en materia de igualdad que es usual en la jurisprudencia de la CSJN al
interpretar el artículo 16 de la Constitución Nacional (caso “Vega”, Fallos: 311:1565, de 1988) y de la
Corte Suprema estadounidense (caso “Railway Express Agency v. New York”, 336 U.S.106 -1949-).