Estrategias de Litigio - Ministerio Público de la Defensa

Violencia de Género
Son varias las normas vigentes en ámbitos locales que expresamente extienden
su protección a las parejas de hecho. En la CABA la Ley 24.417 establece que:
A los efectos de esta ley se entiende por grupo familiar el originado en el matrimonio
o en las uniones de hecho (artículo 1).
Más allá de las relaciones de pareja, la Ley 24.417, tal como la mayoría de las
legislaciones que regulan la violencia en el ámbito familiar, tiende a la protección
de aquellas personas unidas por vínculos diferentes (de parentesco o no) y
que desarrollan una vida en común, cualquiera sea el lugar de residencia de sus
integrantes. En algunos aspectos singulares, sin embargo, la ley local menciona
a parientes “por adopción”. Frente a estos casos, corresponde preguntarse si la
Ley 26.485 debiera ser reformada para incluir expresamente otras relaciones
(como las derivadas de la adopción) en el concepto de “grupo familiar” previsto
en el artículo 6, inciso (a).
Como política legislativa, parece más razonable buscar las fórmulas genéricas
que describan y abarquen la mayor cantidad de casos posibles, antes que
la enumeración que, como se ve, nunca resulta ser lo sufi cientemente exhaustiva
como para incluir todos los supuestos posibles. En consecuencia, antes que
pensar en la reforma de la Ley 26.485, al menos en este aspecto puntual, será
más importante trabajar con los diversos actores del sistema de justicia (integrantes
de los tribunales, profesionales del derecho) en la generación de un
criterio claro acerca de la aplicación debida de las normas vigentes.
3. Las políticas públicas en la Ley de Protección Integral contra la Violencia
Las investigaciones muestran que a pesar de los avances en la mayor disponibilidad
de mecanismos para formular una denuncia por violencia, para
muchas mujeres no es posible sostener el proceso judicial que se inicia sin la
existencia de ciertas políticas tendientes a lograr su contención y posterior fortalecimiento,
cuando menos a partir del momento de la denuncia 13 . La implementación
de estas políticas requiere de un grado importante de coordinación
entre el accionar del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.
3.1. Principios rectores y lineamientos básicos para las políticas estatales
La inclusión de lineamientos para el trazado de políticas públicas tendientes
13 ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Violencia Familiar. Aportes para la discusión
de las políticas públicas, Buenos Aires, 2009. Disponible en www.ela.org.ar.
63