Estrategias de Litigio - Ministerio Público de la Defensa

Violencia de Género
Comité contra la Tortura de la ONU, en su Observación General No. 2 sobre
aplicación del artículo 2 por los Estados Partes, refi rió:
18 […] cuando las autoridades del Estado u otras personas que actúan a título
ofi cial o al amparo de la ley tienen conocimiento o motivos fundados para
creer que sujetos privados o actores no estatales perpetran actos de tortura o
malos tratos y no ejercen la debida diligencia para impedir, investigar, enjuiciar
y castigar a dichos sujetos privados o actores no estatales de conformidad con la
Convención, el Estado es responsable y sus funcionarios deben ser considerados
autores, cómplices o responsables por otro concepto en virtud de la Convención
por consentir o tolerar esos actos inaceptables. La negligencia del Estado a la
hora de intervenir para poner fi n a esos actos, sancionar a los autores y ofrecer
reparación a las víctimas de la tortura facilita y hace posible que los actores no
estatales cometan impunemente actos prohibidos por la Convención, por lo que
la indiferencia o inacción del Estado constituye una forma de incitación y/o de
autorización de hecho. El Comité ha aplicado este principio a los casos en que los
Estados Partes no han impedido actos de violencia de género, como la violación,
la violencia en el hogar, la mutilación genital femenina o la trata, o no han protegido
a las víctimas 83 .
El sistema de justicia penal ha vedado históricamente el uso de la legítima
defensa a las lesbianas, mujeres, trans, niñxs y travestis. Actualmente, el marco
normativo hace que la tendencia jurisprudencial sea reconocer su procedencia.
Este reconocimiento y su transformación en estándares insoslayables para lxs
operadorxs judiciales es, sin duda, un progreso frente a la anterior subutilización,
la vaguedad e insufi ciencia de la prueba y argumentación de descargo y la
arbitrariedad en la valoración de la prueba, todas ellas prácticas discriminatorias
que aún no han sido erradicadas del sistema de justicia.
El Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria de la
Provincia de Buenos Aires, ha comprobado que:
En los casos de mujeres víctimas de violencia que son imputadas de delitos contra
las personas o la integridad sexual –ya sea porque asesinan o agreden a sus parejas,
o resultan co-imputadas de las lesiones, muerte o abusos sexuales de sus hijos
menores– la mirada discriminatoria de la justicia es evidente. En este sentido, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos identifi có a la instancia de investigación
como una etapa crucial en casos de violencia contra las mujeres84 .
La demanda de debida diligencia está en directa relación con la capacidad
83 Documento CAT/C/GC/2, del 24 de enero de 2008.
84 Disponible en http://www.comisionporlamemoria.org/comite/informes/webinforme09.pdf, p.
292. CIDH, Acceso a la Justicia de las mujeres víctimas en las Américas, disponible en http://www.
cidh.org/publi.esp.htm.
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