Estrategias de Litigio - Ministerio Público de la Defensa

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276 Estrategias de litigio para la defensa de los derechos de las mujeres Una separación total de las facultades de la Dirección Nacional de Migraciones y del Poder Judicial resulta inconveniente, a la luz del desarrollo que ha tenido la aplicación del instituto, y se exige un criterio que englobe, o al menos comprometa, puntos de contacto centrales entre la política migratoria y la política criminal del Estado. Argentina ha optado, mediante esta ley, por privilegiar sus intereses migratorios por sobre los punitivos, desde que acepta resignar la mitad de la sanción penal impuesta en aras de lograr que la persona extranjera sea devuelta a su país de origen. Esto implica que a partir de la existencia de la expulsión prevista en la ley 25.871, los diferentes órganos del Estado que participan en el procedimiento se encuentran obligados a lograr que los extrañamientos dictados por la Dirección Nacional de Migraciones se materialicen en los términos que la ley ha fi jado. Para las mujeres extranjeras con hijos menores de 4 años, que sus niños permanezcan en la cárcel no es una opción sino, más bien, una circunstancia inevitable. La falta de arraigo y de relaciones con personas de nuestro entorno, genera que sean las únicas que puedan cuidar de sus niños y, en consecuencia, éstos se ven forzados a sufrir el encarcelamiento con ellas. Por medio del instituto de la prisión domiciliaria, el Estado argentino ha evidenciado su preferencia por que las mujeres madres en confl icto con la ley penal permanezcan junto con sus niños, pese a la existencia de un proceso penal o condena en su contra. Pero, además, y más importante aún, se ha inclinado por garantizar este vínculo prioritariamente fuera de la cárcel. La falta absoluta de arraigo y vínculos familiares y sociales impide materialmente a las mujeres extranjeras presas con sus hijos acceder al régimen que la ley argentina garantiza para quienes se encuentran en su situación, lo cual les imposibilita acceder a la modalidad por la que el Estado argentino ha optado, y las obliga a mantener a sus hijos presos, institucionalizados o a cargo de familias de acogimiento. Todo esto ocurre pese a la especial situación de vulnerabilidad de las mujeres extranjeras y de sus hijos, quienes se ven forzados a compartir el encierro o desvincularse de ellas. Desde que el interés fi nal del Estado es devolver a la mujer a su país de origen y prohibirle el reingreso a nuestro territorio, es evidente que en la mitad de la pena que pretende hacer cumplir sólo puede motivarse en fi nes retributivos o preventivos generales, que nuestro programa constitucional no tolera en la etapa ejecutiva de la sentencia. Es por ello que para evitar el resultado ilegítimo de la imposibilidad material
Violencia de Género de estas mujeres de acceder con sus hijos a un régimen de atenuación (que procedería indudablemente en el caso de personas argentinas o con vínculos fuertes y arraigo en nuestro país), corresponde que la autoridad judicial autorice la inmediata ejecución del acto de expulsión, sin consideración de plazo alguno, declarando, eventualmente, la ilegitimidad constitucional de éste en el caso concreto. Las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok) contienen normas actuales que contribuyen a adoptar la solución que creemos correcta en la hipótesis aquí planteada, y deben ser consideradas como pauta hermenéutica del art. 18 de la CN. 277
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