Estrategias de Litigio - Ministerio Público de la Defensa

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Estrategias de litigio para la defensa de los derechos de las mujeres
3. El estándar fundado en las “categorías sospechosas”
La incorporación, con rango constitucional, de los tratados internacionales
que establecen una protección acentuada del principio de igualdad5 determinó
que, paulatinamente, un sector de la jurisprudencia comenzara a adoptar posiciones
más garantistas en esta área.
Un ejemplo de ello se advierte en el voto concurrente del juez Petracchi, de
la Corte Suprema, en el caso “González de Delgado v. Universidad Nacional de
Córdoba” (Fallos: 323:2659), resuelto en el año 2000, según el cual:
Los actores, padres de alumnos regulares del Colegio Nacional de Monserrat, dependiente
de la Universidad Nacional de Córdoba, interpusieron amparo en los términos
de los arts. 43 CN. y 1 y 5 ley 16986, a fi n de obtener que el Consejo Superior de la citada
Universidad se abstenga de aprobar el proyecto de ordenanza en virtud del cual se
transformaría a dicho Colegio en un establecimiento de carácter mixto […] A su juicio,
el órgano de gobierno de la Universidad se ha excedido en el uso de las facultades
que su autonomía le confi ere, toda vez que, cuando se trata de la reglamentación del
proyecto de educación secundaria, queda limitada por la citada ley federal.
Adujeron que optaron por el Colegio Monserrat ya que respondía a su ideario y
a sus convicciones fi losófi cas, éticas y religiosas y a que su proyecto de enseñanza
humanista orientada a varones era lo que mejor se adaptaba a la naturaleza y estructura
de la personalidad de sus hijos. Su transformación en un establecimiento
mixto importaría un cambio drástico de dicho proyecto y de la formación que otorga
a sus alumnos, con perfi l e identidad propias. (Dictamen del Procurador General; el
destacado es mío).
Ello impone, como es obvio, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte mencionada en el
consid. 4, el acogimiento del reparo constitucional que se formula en el sub judice contra el decreto
7673/1955, con invocación del art. 16 Ley Suprema” (fallo cit. considerando 7°). Sin embargo, a
continuación, la Corte limitó fuertemente el alcance de su decisión: “[T]al conclusión no implica
que deba hacerse lugar a la demanda en los términos en que ha sido concretada, vale decir, disponiendo
que las actoras vuelvan automáticamente a la situación en que se hallaban con anterioridad
al decreto 7673/1955, con derecho, además, a los ascensos que les hubieran correspondido en
virtud de los años de servicios y el cobro de las diferencias de haberes pertinentes. Ello así, pues,
tratándose de reparar una desigualdad con el personal masculino, resulta claro que la posición de
las actoras no podría ser mejor que la reconocida a aquél por el decreto mencionado; el cual, en
su art. 3 -y refi riéndose al 2, antes transcripto- dispone: ‘La opción para incorporarse al escalafón
‘Administración’ estará condicionada a la aprobación previa de un examen de competencia y a la
conveniencia que impongan las necesidades del servicio’. Sólo cabe, en consecuencia, declarar que
la negativa del derecho de las recurrentes a la opción que se acordó al personal masculino es pasible
de la objeción constitucional expresada en el consid. 7 in fi ne” (fallo cit. considerando 8°).
5 Específi camente, en lo que se refi ere a la tutela contra la discriminación en base al género, con la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.