Estrategias de Litigio - Ministerio Público de la Defensa

Violencia de Género
meticulosamente todas las posibles manifestaciones de violencia contra la mujer
que se identifi caron en el proceso legislativo. El decreto reglamentario de
la ley, Decreto Nº 1.011/10, procuró subsanar las difi cultades que surgen por
la falta de contemplación de algún supuesto, y aclara que las defi niciones de
violencia comprendidas en la norma “en ningún caso pueden interpretarse en
sentido restrictivo ni taxativo, como excluyentes de hechos considerados como
violencia contra las mujeres por otras normas”, y que deben armonizarse con lo
dispuesto en la Convención de Belem do Pará, la Convención para la Eliminación
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (“CEDAW” por sus
siglas en inglés) y demás instrumentos internacionales de derechos humanos
y observaciones y recomendaciones que efectúen sus respectivos órganos de
aplicación (artículo 6).
La mención de los tipos y modalidades de violencia en la Ley 26.485 puede
tener el benefi cio de nombrar (y así visibilizar) diversas formas de violencia,
hasta entonces no enunciadas en ningún cuerpo legal. Como contrapartida,
el haber mencionado todas esas formas como modalidades de violencia (en
lugar de conceptualizarlas como formas de discriminación) tiñe los debates
que siguen, cuando se plantea cuál es la herramienta jurídica más idónea para
afrontar esta problemática.
2.2. Las personas protegidas por las leyes de violencia
La Ley de Protección Integral establece que “tiene por objeto promover y
garantizar… “(b) el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia”
(artículo 2, énfasis agregado). En forma concordante, en la gran mayoría de
sus disposiciones se refi ere específi camente a la situación de las mujeres, sin
mencionar ningún otro grupo poblacional.
Sin embargo, en algunos de sus artículos, se nombra también a los derechos
protegidos en la Convención de los Derechos del Niño y en la Ley 26.061, de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (artículo
3). En el mismo artículo, entre los derechos protegidos por la Ley de Protección
Integral se mencionan los de la Ley 25.673, de Creación del Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Estas referencias diversas
suscitan desacuerdos respecto de la inclusión de los niños entre las personas
protegidas. En este punto, la Ley 26.485 difi ere sustancialmente de las restantes
normativas vigentes que se extienden (como la Ley 24.417) a integrantes del
círculo íntimo, con independencia de su edad o sexo.
En relación con la violencia hacia las mujeres ejercida en el ámbito domésti-
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