Estrategias de Litigio - Ministerio Público de la Defensa

Violencia de Género
El comisionado […] consignó que las averiguaciones del entorno del difunto
describían a su pareja como una persona “problemática”, que “llevaba relaciones
paralelas” […] P. amplió signifi cativamente la información: describió las desavenencias
de pareja de su sobrino a raíz de las relaciones que C. mantenía con otros
hombres y su ejercicio de la prostitución (esto último fue corroborado por múltiples
testimonios –T….C…G…) […] Dijo que días atrás G. le había comentado
que encontró que su novia estaba en su domicilio manteniendo relaciones sexuales
con otro hombre […] También refi rió las discusiones de los días posteriores
[…] La abuela de la víctima, F.C.C. […] dijo que el 24 de mayo su nieto regresó
al domicilio, se bañó y cambió, oportunidad en la que recibió un llamado a su
celular en el que una voz femenina lo instaba a apurarse, a la que identifi có como
C.C. […] También su hermano M.G. sabía que ese 24 de mayo el fallecido iba al
encuentro de su novia…
Sentencia: “Los tres Vocales del Tribunal a quo se expidieron positivamente
acerca de la existencia de razones que evidencian el peligro procesal
que importa la libertad de la encartada durante el proceso, aunque disintiendo
en sus fundamentos […] Rechazar el recurso de casación interpuesto por
el [defensor de C.C.]…”.
Destaca la imputación el delito de homicidio califi cado por alevosía y por
el uso de armas (arts. 80 inc. 2 Ver Texto y 41 bis, CP), habiendo quedado
también prima facie establecido que C.C. no participó materialmente de la
comisión del homicidio. Los testimonios sobre la frecuencia de la violencia
doméstica son presentados por la fi scalía como prueba de cargo, normalizando
completamente tanto la violencia ejercida por el occiso como el hecho
que quien lo mata también es una persona violenta, siendo el alias de ambos
“el karateca”. No son tomados por la defensa ni por los tribunales, por alguna
razón que no se explica, los mandatos contenidos en la Ley 26.485: no se
realizan exámenes físicos o psicológicos a la imputada, ni se presenta prueba
de descargo con relación a la violencia de género. En consecuencia, la investigación
es defi ciente, la valoración de la prueba es arbitraria, y la defensa no
logra articular ningún planteo efectivo, mucho menos sustantivo, o articular
una estrategia de legítima defensa.
Mención especial merece la consideración que el tribunal hace sobre la
prostitución de la imputada (que no es una conducta criminal, ni que se impute
en este juicio): considera relevantes y valora en ese sentido una cantidad de
declaraciones sobre la conducta anterior y carácter de la imputada, presentados
como prueba de cargo, violando la prohibición sobre la prueba de cargo vinculada
a probar que una persona actuó de una forma determinada basada en
su carácter o disposición personal, y sin considerar esta situación en términos
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