CEPAL – Colección Documentos de proyectosAlianzas público-privadas para una nueva visión estratégica del desarrolloen un marco de planificación continua. Al mismo tiempo, en el marco del II PND se llevaron adelantedetallados planes sectoriales y regionales como, por ejemplo, el segundo Plan Básico de DesarrolloCientífico y Regional y el Plan Nacional de Posgraduados. A nivel federal incluía asimismo metasfinancieras expresadas en presupuestos plurianuales y programas de gastos, los que comprendían lasinversiones de las empresas estatales. También se contemplaron sistemas de evaluación respecto delpresupuesto, los programas y los proyectos prioritarios.El II PND sirve así de ejemplo del apogeo de la planificación en América Latina. Ademásmuestra varios aspectos importantes que contribuyeron a su éxito relativo: en primer lugar, fue un plande industrialización ambicioso, que contó con un decidido compromiso gubernamental, expresado enla disponibilidad de recursos para todo su período de vigencia. En segundo lugar, se buscó el apoyodel sector privado para la inversión en áreas estratégicas. Finalmente, elementos como su concepciónflexible en materia de metas y sus sistemas de evaluación fueron avanzados para la época.b) Las limitaciones de la planificación en el contexto del liderazgo estatalCon algunas variantes y en diferentes grados, la mayoría de los planes diseñados en AméricaLatina adolecieron de serios problemas (CEPAL/ILPES, 1982). Las causas de esto fueron diversas:inestabilidad política, macroeconómica o ambas, problemas de gestión, tales como fragmentaciónburocrática y pérdida de poder político del organismo encargado de la planificación, desconfianzaentre los sectores público y privado, con la consecuente baja participación de los actores privadosy la imposibilidad de lograr consensos, captura por intereses especiales y carencia de recursos parasu implementación. A todo lo anterior se sumó finalmente el surgimiento de una nueva ideologíadominante contraria a la planificación.Tanto las estrategias como los planes tendían a ser llevados a la práctica mayormente“desde arriba”. Los nexos estado-sociedad en materia de estrategias y su implementación fueronfragmentarios, débilmente institucionalizados y, por consiguiente, sujetos a criterios personalizadosy fundados en mínimos consensos públicos. Esto se debió en parte a serias limitaciones en cuantoa la profesionalización de la burocracia estatal, incluida la dedicada a la planificación. Cuando secrearon focos de excelencia, como ocurrió especialmente en el Brasil, fueron alejados en ciertaforma del aparato público general (Evans, 1995). Esta modalidad de funcionamiento no solo dificultóla coordinación, sino que hizo difícil que las autoridades ligadas a la planificación influyeran enla administración pública (Lira, 2006), lo que fue induciendo un progresivo aislamiento. A ellose sumó el hecho de que a menudo el componente político superaba las exigencias técnicas delplan. También predominó la falta de transparencia. Además, la planificación fue visualizada comouna práctica cuyo objetivo era instrumentar el proyecto político y económico de un gobierno, loque redundaba en que el gobierno sucesor eludiera su posterior ejecución. En efecto, los planesno orientaban las acciones de la administración siguiente, lo que generaba una brecha constanteentre lo planificado y lo ejecutado. De hecho, con los cambios de gobierno se planteaban nuevosobjetivos y metas.Por otra parte, la mayoría de los planes no iban acompañados de presupuestos multianuales,aunque fueran solo indicativos, sostenidos por un firme compromiso respecto de su ejecución. Unfactor que explicaría este hecho es la falta de una visión compartida del horizonte temporal conrespecto al cual se deberían establecer las metas y asignar los recursos.Por último, a comienzos de los años ochenta, con la crisis de la deuda externa y elsurgimiento de la ideología de libre mercado Thatcher/Reagan, más una década de ajustes yrepliegue de la acción del Estado bajo la vigilancia de los organismos multilaterales de Washington,el modelo de sustitución de importaciones liderado por el Estado perdió legitimidad política. Comoresultado, la voluntad y capacidad de planificación en los países de América Latina se vio aúnmás debilitada, al igual que las estrategias y la visión a mediano/largo plazo. Frente a la crisis,el ajuste fiscal y la estabilización se transformaron en la política predominante y el manejo de lacoyuntura se constituyó en el eje de la política económica. Recayó en el ministro de hacienda, elpresidente del banco central, o en ambos, el papel de líder en los procesos de coordinación, sin elcontrapeso de ministerios en el sector real, ya que estos últimos terminaron siendo marginados y123
CEPAL – Colección Documentos de proyectosAlianzas público-privadas para una nueva visión estratégica del desarrollosometidos al enfoque cortoplacista de la época. Esto significa que dichas asignaciones fueron, a suvez, preferentemente determinadas por el objetivo fiscal, más que por cualquier meta de carácterestratégico en materia de transformación productiva.3. Las estrategias después del consenso de WashingtonComo se mencionó en capítulo I, es innegable que las reformas estructurales emprendidas en el marcodel consenso de Washington contribuyeron a la estabilización económica y a cierta modernización enAmérica Latina, pero también es cierto que fueron responsables del debilitamiento del papel del Estadoen el ámbito de las políticas productivas. El Estado mantuvo una presencia activa en la macroeconomía,pero a nivel microeconómico dominó la idea de que, tras su liberalización, las fuerzas de mercadoinducirían espontáneamente una asignación óptima de recursos para impulsar el crecimiento y latransformación. Esta postura teórica, siempre muy presente en el círculo de los economistas, ganómucha influencia en la política económica y se tradujo en una depreciación del valor de las visionesde futuro y las estrategias a largo plazo, así como de los planes de acción proactivos orientados a latransformación productiva y al fortalecimiento de la inserción internacional. A diferencia de los paísesextrarregionales ya analizados, las autoridades de gobierno de América Latina en funciones duranteel período de la crisis de la deuda externa y del consenso de Washington, en general desconfiaron delpapel que pudiera desempeñar el Estado en esta transformación.Sin embargo, como se mencionó en capítulo I ,con el paso del tiempo y como resultadodel bajo desempeño de la región en materia de competitividad, innovación, desarrollo exportador ycrecimiento, los gobiernos han vuelto a delinear más activamente políticas y programas orientadosa remover algunos obstáculos a la transformación productiva, con ciertos atisbos que apuntan a unavisión a largo plazo. En ciertos países, estas políticas se restringieron a algunas áreas específicas,como la innovación, la promoción de exportaciones, la atracción de la inversión extranjera directa(IED), y la competitividad, mientras que en otros se optó por una acción más integral, lo que diopaso a la aparición de nuevas estrategias y planes de transformación y desarrollo, excepcionalmentedurante los años noventa y con mayor fuerza en el primer quinquenio de la década de 2000 104 . Enel cuadro VI.2 se presenta un conjunto de nueve países que comparten diversas experiencias y, endistintos grados, la aplicación de los primeros principios expuestos en el capítulo anterior. En elcuadro también figuran algunos elementos relacionados con dichos principios y que, junto con otros,serán analizados a lo largo del capítulo.a) Reaparición de las estrategiasComo se señaló en la sección anterior, históricamente los gobiernos en América Latina hanelaborado estrategias y planes escritos que muchas veces quedaban al final archivados en las bibliotecas.Esto significa que la existencia de un documento no asegura, por sí misma, la implementación o laeficacia de una estrategia. Para ello se deben cumplir varias otras condiciones, que serán tratadasmás adelante. Sin embargo, el hecho de hacer explícita la estrategia mediante un documento permitedifundirla; esto, en principio, apoya la coordinación de las acciones del Estado y permite al menosque la sociedad civil conozca las principales ideas-fuerza y la dirección hacia la cual se dirigirá elpaís en el futuro.104Véanse al respecto Muñoz (2001) y Peres (1997); Peres y Primi (2009) y Melo (2001) en relación con lapolítica industrial.124