Palabras en juego

por poderosas empresas privadas que buscaban la protección legal del Estado
para legitimar sus propios intereses materiales y los monopolios comerciales [2].
Por consiguiente, incluso durante el apogeo del saqueo en alta mar, el uso del
término dependía completamente de la posición que se tuviera [3]. Por ejemplo,
fue muy importante la distinción legal británica entre “corsarios”, que eran barcos
o individuos reconocidos o patrocinados por un Estado europeo o cualquiera otro;
y los “piratas”, que no pertenecían a ningún Estado. El concepto de piratería se
arraigó de forma tan intensa en el supuesto de un derecho a la dominación
comercial, que a menudo las naves europeas consideraron legítima su propia
depredación de los comerciantes locales. En otros términos, la única diferencia
entre “pirata” y “corsario” era que este último poseía una carta del gobierno que lo
autorizaba a saquear.
En la actualidad, la batalla contra la “piratería” se lleva a cabo en el reino del
conocimiento comercializado, y en la ley y la retórica del uso, la distribución y la
producción ilegítimos de bienes que giran en torno a políticas cada vez más
proteccionistas que rigen los intangibles, tales como las marcas de fábrica, las
patentes, y el derecho de autor. Los antecedentes de estas políticas provienen de
los siglos XVI y XVII, cuando las leyes venecianas e inglesas concedieron los
monopolios de la impresión a editoriales específicas, y establecieron el control
directo del Estado (es decir, la censura). Durante el siglo XIX, el término “piratería”
se aplicó cada vez más a las editoriales que hacían copias de libros para vender
sin permiso del autor o sin pagar comisiones por derecho de autor al autor
original. Muchos de los debates en esta época giraban en torno a la reproducción
no autorizada de trabajos en el extranjero, donde las leyes locales no tenían
jurisdicción.
En una fase temprana en la historia de los Estados Unidos, el Congreso
norteamericano reconoció el papel que desempeñarían la importación y la amplia
diseminación de trabajos culturales, artísticos y científicos extranjeros en la
promoción de la alfabetización y en el “desarrollo” económico, político, social y
cultural. De esta forma, aunque la Ley Norteamericana de Derecho de autor de
1790 ofrecía protección limitada a los autores nacionales, la Sección 5 de la Ley
planteaba que:
“...nada de lo dispuesto en esta ley se interpretará como una prohibición a
la importación o venta, reimpresión o publicación dentro de los Estados
Unidos, de cualquier mapa, diagrama, libro o libros escritos, impresos o
publicados por cualquier persona que no sea ciudadano de Estados
Unidos, en el extranjero o en lugares que no estén bajo la jurisdicción de
los Estados Unidos.” [4]
Es decir, los que redactaron la primera ley norteamericana de derecho de autor
entendían que limitar el alcance de los derechos privados de propiedad del
conocimiento era de interés público y estatal. De esta forma, EE.UU. decidió
establecer su propia soberanía sobre las reclamaciones de propiedad de otros
Estados e individuos.
De hecho, la “piratería” de libros y otras formas impresas estaba muy extendida
en la época colonial de los estados norteamericanos [5]. Después de la
independencia, la apropiación de obras extranjeras fue estimulada por élites que
planteaban que serviría para elevar el nivel cultural público (una definición
demasiado inadecuada de “público”, compuesto por hombres blancos libres), así