Palabras en juego

mismo desposeído de ella.
La búsqueda de un equilibrio que tenga en cuenta esta naturaleza de los bienes
inmateriales es la aspiración de la acción emprendida a escala mundial por la
Sociedad Civil, acompañada por Estados en desarrollo, para obtener un “Tratado
para el libre acceso al conocimiento” [18]. Se trata de permitir a todos, y
especialmente a los países en desarrollo, utilizar los conocimientos de la
humanidad para enfrentar los males del siglo XXI. Construir un dominio público
universal de la información [19] aparece como una necesidad urgente. De ahora
en más, la técnica nos ofrece las condiciones de su realización. Conviene que las
reglas jurídicas y económicas permitan su realización.
La protección de los derechos intelectuales no debe ser una desventaja en un
mundo donde cualquiera podría producir, intercambiar y acceder a los yacimientos
intelectuales y recursos protegidos, es decir, a un dominio público abierto, de los
recursos comunes. Este dominio público universal de la información supone una
definición clara de los derechos reconocidos tanto a los creadores como a los
utilizadores.
Toda invención merece recompensa a los esfuerzos realizados. Los países del
Sur no niegan de ningún modo esa realidad. Sin embargo, solo las invenciones
que son verdaderamente únicas, nuevas o creativas merecen ser protegidas. Una
opción semejante equivaldría a recompensar la creación y la innovación, antes
que favorecer a los detentadores de portafolios de derechos de propiedad. La
época de las restricciones debe concluir porque “cuanto más libremente accede la
gente a entidades intelectuales, más capaz y deseosa es de dedicar tiempo a
acceder y a crear entidades de valor”. [20]
La recompensa debe ser la respuesta a todo esfuerzo innovador. Pero no todo
debe ser patentable. En principio, toda invención intelectual debe ser destinada al
dominio público, salvo si es necesario hacer posible su apropiación temporaria, y
aún así, solamente si esto no acarrea discriminaciones inaceptables. La atribución
de un derecho de propiedad, a justo precio, solo debe ser aceptada si la inversión
en cuestión es importante excluyendo toda retribución económica sistemática.
El reconocimiento de un valor primordial de los bienes comunes relativos a la
información, libremente accesibles y utilizables para todos, está lejos de ser
realizado.[21] En este momento, el ejemplo más visible sigue siendo los
programas libres. Es el único bien común de la información que ha llegado a su
madurez. Su utilización se generaliza poco a poco entre los utilizadores privados,
pero también en el seno mismo de la administración y de los servicios de
numerosos países o colectividades territoriales. Hay que ir más rápido y permitir a
todos acceder a las otras fuentes de información. Para eso, una solución pasa por
la reducción de la duración de propiedad antes de la accesión al dominio público.
Es tiempo de hacerla suficientemente corta, por el simple hecho de que la
accesibilidad se ha vuelto más fácil y más rápida en nuestros días. [22]
El derecho es una formalización de las relaciones sociales. En tal sentido, los
derechos de propiedad intelectual constituyen una cuestión política que debe ser
discutida como tal por los gobiernos y por la sociedad civil. Teniendo en cuenta la
importancia de la información para la vida cotidiana, para la educación de las
generaciones futuras y para el desarrollo económico sostenible y la protección de
la naturaleza, conviene asegurar su protección por los Estados, asociando a los
usuarios, los poderes económicos y científicos. No es el mercado el que debe