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proceder a la debida repoblación de sus arbolados
degradados.
Competencia sobre la inspección de montes en Álava
La secular competencia de las provincias vascongadas
sobre el fomento de los montes, recogida
en el art.212 del Real Decreto de 1833 sobre
Ordenanzas Generales del Estado en materia de
Montes, permitía adoptar disposiciones privativas
en dichos territorios. Por ello, en las Juntas alavesas
de noviembre de 1868 y siguiendo la legislación
general, se facultó a los pueblos para otorgar
sus propios aprovechamientos. Se permitía a los
Procuradores de Hermandad autorizar cortas que
no llegaran a 250 ptas. Ante el informe de mayo de
1879, por el que la Administración forestal del
Estado intentaba reservarse todos los asuntos
relativos a la administración forestal vasca, la
Diputación provincial interina, con objeto de conservar
las competencias, modifica las Ordenanzas
y nombra tres oficiales de miñones como
Sobreguardas con atribuciones sobre la guardería
de los pueblos. En 1878 los diputados José de
Irabien y Marcial Martínez redactan un proyecto
de organización de un servicio forestal. El control
de la repoblación forestal de la provincia estaría a
cargo de dos diputados Inspectores y un servicio
de guardería forestal. Durante la ejecución de este
plan surge una polémica competencial con los
pueblos, que impide hasta 1881, la aprobación del
reglamento. El ayuntamiento de Vitoria se resistió a
reconocer el derecho de la Diputación a regular su
gestión forestal, al estimar que era privativa de su
Procurador Síndico y Montero Mayor. Aceptó finalmente
la tutela por «obediencia debida» al
Gobernador civil que mostraba su apoyo a la
Diputación. Los informes definitivos, promovidos
por la Diputación, dictaminaron que el dominio,
propiedad y usufructo los montes comunes de
Álava era de los pueblos, por posesión inmemorial
y reconocida por la Voluntaria Entrega a Castilla en
1332, pero la alta inspección para su conservación
y fomento como patrimonio de las generaciones
futuras, correspondía a la Corona, y por delegación,
como suprema personalidad administrativa,
a la Diputación.
Reclamación del Estado sobre el 10% de mejoras y el 20% de
las rentas de propios en Gipuzkoa
Según se desprende del expediente instruido por
el Administrador de Bienes y Derechos del Estado
en Gipuzkoa, a finales del XIX, ni las Diputaciones,
MUNIBE (Suplemento / Gehigarria) 23, 2005
EL PINO RADIATA EN LA HISTORIA FORESTAL VASCA
ni la administración del Estado tenían conocimiento
de los aprovechamientos forestales realizados
por los pueblos. El 24 de noviembre de 1896, el
Delegado de Hacienda dirige un escrito a la
Diputación Provincial solicitando una relación de
todas las autorizaciones de venta de productos
forestales concedidas por los ayuntamientos.
Reclamaba a los pueblos que liquidasen el 10%
correspondiente a sus aprovechamientos forestales,
para destinarlo a la repoblación y mejora de
los montes, en cumplimiento de la Ley de 14 de
julio de 1877; y el ingreso del 20% de la renta de
Propios de las fincas exceptuadas de la desamortización
por razón de su especie arbórea, en función
de la normativa tributaria establecida para los
montes exceptuados de la desamortización.
Argumentaba que el Concierto Económico firmado
el 1º de febrero de 1894 entre las Diputaciones
y el Gobierno de S.M. no comprendía estas tributaciones,
por lo que su recaudación correspondía
a la Hacienda Pública del Estado.
Wenceslao Orbea, secretario de la Diputación
de Gipuzkoa, responde que la institución no disponía
de información sobre los aprovechamientos
forestales de la provincia, ya que no incumbía a
las Diputaciones aprobar planes de aprovechamientos
forestales, sino a los ingenieros jefes de
los Distritos Forestales bajo la dependencia de los
Gobernadores Civiles. Aprovecha el escrito para
informar que el Cuerpo de Ingenieros de Montes
no estaba actuando en los montes comunales de
la provincia, ni hacía los señalamientos, ni autorizaba
las cortas, ya que había restringido su actuación
a los montes asignados al Distrito o dependientes
del ministerio de Hacienda para su desamortización.
En el escrito, plantea una cuestión doctrinal
sobre competencias, por la que estimaba que en
realidad esa atribución sobre control de los aprovechamientos
debería radicar en la Diputación
Provincial de acuerdo con:
• El art. 14 del Concierto Económico, que establecía:
«Las Diputaciones Provinciales de Vizcaya, Álava, y
Guipúzcoa continuarán investidas, así en el orden
administrativo como en el económico, de todas las
atribuciones que venían ejerciendo».
• La Ley de 1868, que atribuía a los ayuntamientos la
administración de los montes públicos bajo la vigilancia
de la Administración superior.
Los ayuntamientos guipuzcoanos afectados
por esta reclamación tributaria, a los que se suma
Ochandiano y otros en Bizkaia, encargan al
S.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián