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últimas enfermedades del arbolado. El ayuntamiento
ya había negado la posibilidad del cierre a
propietarios de otros montes. Éstos, a pesar de
haber cerrado, repoblado y puesto un guarda jurado,
no habían podido impedir el levantamiento de
los cierres y el libre pastoreo en las repoblaciones,
que acabaron perdiéndose.
El Ayuntamiento exponía sus evidentes razones
en un escrito remitido en marzo de 1922, y fundamentadas
en las cláusulas de la escritura de compraventa
de 1840:
«Que los rematantes, ni sus sucesores, en ningún tiempo,
no tendrán derecho, ni acción, de poder cerrar, ni
levantar edificios, en las insinuadas porciones, pues
han de ser y servir libremente para el pasto de los ganados,
como lo han sido hasta ahora [...] no podrán causar
en ellas cortes excesivos de árboles por pies, pues
el aprovechamiento deberá hacerse del ramaje, y por
pie con una prudente entresaca.»
El ingeniero Director de montes, informaba en
octubre de 1922 que el censo ganadero del valle
era importante y por lo tanto su presión sobre los
montes era notable, y aunque si bien era cierto
que el arbolado del valle había sido afectado por
enfermedades epidémicas:
«Ambas enfermedades no han destruido por completo
ni los castañares ni los robledales, talados unos y otros
por un exceso de previsión y, en ocasiones, con manifiesto
olvido de las disposiciones legales que regulaban
e intervenían en el aprovechamiento de los montes particulares
por sus propietarios.»
El pleito continúa sin solución, y en abril de
1926 la Diputación convoca a las partes con objeto
de determinar el derecho de los propietarios particulares
a hacer plantaciones de arbolado con cierres.
El ayuntamiento de Aramaio, indignado, comisiona
al alcalde y teniente de alcalde para comparecer
ante la Diputación como oyentes pero sin
competencia en este asunto, y para hacer desistir
a la institución de su pretensión mediadora. La corporación
entendía que la servidumbre de pastos
sobre todos los montes del municipio pertenecía al
común de vecinos del valle y sólo mediante un
referéndum entre los vecinos podría extinguirse tal
derecho. Arremete contra los propietarios que
«alardeaban» de querer repoblar los montes con
pinos cuando «con sus totales talas de árboles
hermosos, no epidémicos y enfermos» habían llegado
al extremo de «no dejar en los mismos uno
que sirviese para un palo de una pluma». Incluso
amenazan con actuar por incumplimiento de las
cláusulas de venta relativas a la obligatoriedad de
EL PROCESO DE REPOBLACIÓN CON PINO RADIATA (HASTA 1937)
vecindad y prohibición de cortas a hecho.
Estimaba que si se dejase sin efecto la mencionada
escritura se producirían un grave perjuicio a los
vecinos por parte de individuos «que han dado
muerte a sus montes por enriquecerse y sin mirar
al bien común y que como vecinos de otra provincia
ningún derecho pueden alegar».
Incendios forestales
Los incendios forestales, sobre todo en años de
climatología desfavorable, surgen como una de
las constantes amenazas a las nuevas repoblaciones.
Ya en el Primer Congreso de Estudios
Vascos, SAINZ (1919) planteaba la necesidad de
asegurar las nuevas plantaciones para minorar
daños, pero no es sino tras los graves incendios
de 1922, que tuvieron lugar en los montes de
Usurbil, Urnieta, Hernani y Aia, cuando, con el fin
de asegurar las nuevas repoblaciones y tranquilizar
a los ayuntamientos y propietarios privados,
se crea el Seguro de Incendios contra Bosques
en Gipuzkoa. En función del histórico de incidencias,
se calcula un gasto anual de 8 ptas. por
cada 10.000 ptas. de valor aseguradas. La sociedad
no tenía capital fijo, sino que estaba constituido
por un fondo de reserva nutrido con las
cuotas y un impuesto del 2% sobre todos los
aprovechamientos forestales provinciales. La primera
asamblea, con 100 mutualistas, tuvo lugar
el 16 de julio de 1925. La Sociedad, radicada en
el Palacio Foral y tutelada por la Diputación, estaba
constituida por particulares, ayuntamiento y
sociedades privadas. Como director-gerente fue
nombrado el ingeniero-jefe del Servicio Forestal,
Rafael de Hériz. Tras varios años de escasas incidencias,
en 1929 se quemaron 300 ha, el 10% de
la superficie asegurada. Al no poder hacer frente
a los pagos, la Diputación concedió a la
Sociedad una subvención extraordinaria de
200.000 ptas. En el período de 1930 a 1948, se
duplicó la superficie asegurada, llegando a 6.735
ha, donde un tercio de la misma correspondía a
particulares y el resto a entidades públicas o a
Consorcios forestales. Durante dicho período se
quemaron en total 248 ha.
Esta iniciativa también sería seguida por la
Diputación de Bizkaia, que en la sesión del 22 de
octubre de 1941 acuerda implantar este seguro
forestal, y el 25 de julio de 1942 constituye la
Asociación de Seguros Mutuos contra Incendios de
Montes de Bizkaia con un anticipo reintegrable y sin
interés de 300.000 ptas., cuya administración se
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