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res. Se oponían a que la Diputación se resarciese
de los gastos que originaban las repoblaciones artificiales
mediante la percepción del interés del capital
invertido. Entendían que al ser la repoblación forzosa
y la posible rentabilidad dudosa, ponía, por
medio de este endeudamiento, sus montes en
manos de la Diputación. Además, estas ordenanzas
las entendían como un medio para evitar el pastoreo
en los montes, con grave riesgo para la ganadería,
que debería retirarse de los montes recién
repoblados. Definían la máxima inspiradora de las
nuevas ordenanzas como «fomentar el arbolado,
aunque muera la ganadería».
Tras una nueva redacción de las ordenanzas, se
inician las repoblaciones. En 1924 se inaugura la
casa de Albertia para controlar la divisoria alavesaguipuzcoana.
En años posteriores se irán abriendo
hasta once casas forestales: Amurrio, Lezama,
Altube, Gorbea, Villareal, Elguea, Apota (Araya),
Loza y Antigua Hermandad de Laguardia, Arriola y
Escalmendi.
En 1927 un grupo de vecinos de Lezama dirigen
un escrito a la Diputación mostrando su desagrado
por los trabajos de preparación una repoblación en
sus comunales. Manifestaban que:
«De llevar a efecto el cierre y plantaciones de pino, los
vecinos de los barrios de Arrantegui, Perea y Berganza,
se verán necesariamente obligados a abandonar sus
hogares y emigrar a otros países a buscar su subsistencia,
puesto que su medio de vida es el producto de sus
ganados que pasturan en expresados términos y roturaciones
para ayuda de las necesidades de sus familias,
toda vez que sus labranzas son en extremo estériles y de
escaso terreno, no produciendo cereales, como suele
decirse, para los viernes del año.» (AHA DH 5821/6)
En 1931 se aprueba un sistema regulador de
Consorcio Forestal con los pueblos. Sin embargo,
el proyecto vuelve a quedar interrumpido por la
Guerra Civil (1936-39), hasta que se reanuda una
vez constituida la nueva Diputación y recompuesto
el servicio forestal.
En Bizkaia, Tomás de Goicoechea, presidente de
la Federación Católica Agraria, se dirige en septiembre
de 1935 al presidente de la comisión gestora de
la Diputación de Bizkaia, para exponer las continuas
quejas de sus asociados sobre la plantación de
pinos en montes comunales. Propone que hasta que
no se restableciese la normalidad democrática en los
ayuntamientos, las nuevas repoblaciones de comunales
se tratasen en una Junta Permanente integra-
MUNIBE (Suplemento / Gehigarria) 23, 2005
EL PINO RADIATA EN LA HISTORIA FORESTAL VASCA
da por la Junta provincial de Agricultura y Ganadería,
los jefes de los Servicios Forestal, Agrícola y
Pecuario y cuatro vocales representantes de los agricultores
de Bilbao, Durango, Guernica y Valmaseda.
Cierre de montes
Uno de los mayores motivos de fricciones entre forestalistas
y ganaderos se encontraba en el cierre de los
montes repoblados, que se empieza a ejercer por
particulares a partir de la desamortización del XIX,
pero que había estado prohibido por las antiguas
ordenanzas de montes en los siglos anteriores. Ya en
1817 se había remitido a todos los pueblos una circular
del Consejo de S.M. sobre acotamientos de montes
comunes y de dominio particular, por la que se
ordenaba a los Tribunales y Juzgados de Montes de
la jurisdicción de la Marina, que no procediese de oficio
a derribar los cierres que hubieren hecho los propietarios
de montes, sino que debían instruir expediente
sobre la utilidad o perjuicio de dichos cierres:
«Con motivo de haber ocurrido a S.M. D. Josef Manso [...]
hizo este presente que sin embargo de la Real órden que
existía en aquella Conservaduría prohibiendo cerrar ni aún
un pie de terreno en la dotacion de aquellas fábricas, se
habian hecho infinidad de cierros desde el año 1808 por
enagenacion de terrenos hecha por los pueblos en virtud
de varios decretos de aquella época.» (AHA 1187/65)
A principios del siglo XX, el debate sobre la legalidad
del cierre de montes privados, se reaviva
tras la irrupción del pino radiata, cuyas plantitas
eran incompatibles con el pastoreo (Ilustración
26). El caso de Celaya contra el ayuntamiento de
Aramaio recoge el debate mantenido en estos
años sobre usos excluyentes en los montes.
El caso de Celaya y otros propietarios, contra el ayuntamiento
de Aramaio 99
En diciembre de 1921, acuden a la Diputación alavesa,
cuatro propietarios forestales residentes en las
provincias de Gipuzkoa y Bizkaia con objeto de que
ésta intercediese ante al ayuntamiento de Aramaio
(Álava), que no les permitía cerrar unas plantaciones
de pino en el monte Subero, de su propiedad. El
monte había sido desamortizado por el pueblo y vendido
en 1840 a sus ascendientes por los Justicias del
Valle. La queja era en razón de que el monte se
encontraba despoblado y con libre acceso al ganado,
siendo el deseo de los propietarios obtener una
rentabilidad mediante el cierre y plantación de pinos.
El arbolado primitivo se había cortado debido a las
99 AHA 5814/8. ADÁN DE YARZA (1913) refiere en su conferencia la actitud contraria de este ayuntamiento respecto a la repoblación forestal.
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