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146 Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México
1. Las características de la responsabilidad internacional del Estado en
materia de derechos humanos
331. La responsabilidad internacional del Estado se funda en actos u omisiones
de cualquier poder u órgano de este, independientemente de su jerarquía, que violen la
Convención Americana 336 . En efecto, toda situación que vulnere los derechos humanos
reconocidos en la Convención Americana, la cual pueda ser atribuida, según las reglas del
derecho internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye
un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad internacional en los
términos previstos por la misma Convención y según el derecho internacional general.
332. A su vez, la Comisión reitera lo que señalase en el pasado al sostener que
la Convención Americana es aplicable en todo el territorio de los Estados Unidos
Mexicanos, pues “un tratado será obligatorio para cada una de las partes por lo que
respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una intención diferente se desprenda
de él o conste de otro modo”. (Convención de Viena, doc. CJI-18, cit. p.14). De suerte
que las disposiciones de la Convención rigen en todos los Estados de la Unión
mexicana en calidad de “ley suprema de toda la Unión”, al tenor del Art. 133 de la
Constitución de México, pues México ratificó la Convención Americana sin enmiendas
o interpretaciones aplicables a este materia, por lo cual rige lo previsto por el artículo
28 referido a la cláusula federal 337 .
333. De conformidad con el derecho internacional, el principio de la responsabilidad
internacional del Estado en materia de derechos humanos implica que el Estado es
responsable por los actos y omisiones que sus agentes hayan realizados al amparo de su
carácter oficial, aun si actúan fuera de los límites de su competencia 338 . La responsabilidad
internacional del Estado se funda en actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste,
independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana, y se genera en
forma inmediata con el ilícito internacional atribuido al Estado. En estos supuestos, para
establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la Convención
no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus
autores o su intencionalidad y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes
a los cuales se atribuyen los hechos violatorios. Es suficiente que exista una obligación del
Estado que haya sido incumplida por este 339 .
336
Véase, Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C, n° 205. párr. 234 Corte IDH. Caso Cantoral
Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de
julio de 2007. Serie C, n° 167, párr 79 y Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C, n°. 196, párrs. 72 y 73.
337
CIDH, Resolución n° 01/90, Casos 9768, 9780 y 9828 (México), 17 de mayo de 1990. Disponible en: http://www.
cidh.org/annualrep/89.90span/cap3d.htm. [Última consulta el 30 de diciembre de 2013].
338
Corte I.D.H., Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C, No.
134, párrafo 108; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Sentencia del 31 de enero de 2006, Serie C No.
140, párrafo 111.
339
CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. Washington, D.C., Aprobado por la Comisión
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