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210 Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México
detención migratoria 505 . En particular, la Comisión ha determinado que podía considerar
el grado hasta el cual el Estado parte ha hecho efectivos los requisitos del artículo 36 de
la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares para fines de evaluar el cumplimiento
por parte de dicho Estado de los derechos de debido proceso de un ciudadano extranjero
previstos en los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana 506 .
465. La Comisión estima necesario recalcar que las autoridades consulares solo
deben ser contactadas cuando sea solicitado por el migrante detenido. En este sentido, el
Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de las Naciones Unidas ha
señalado que “[e]n particular, los solicitantes de asilo no deben ser traídos a la atención de
sus autoridades consulares sin su conocimiento y consentimiento” 507 .
g. Derecho a la indemnización como consecuencia de detención o prisión
ilegal
466. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.9 de la Convención
Internacional sobre la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares,
los trabajadores migratorios y sus familiares que hayan sido víctimas de detención o
prisión ilegal tendrán derecho a exigir una indemnización.
C. La detención migratoria y los procedimientos administrativos
migratorios en la legislación mexicana
467. De conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se reconoce el derecho de toda persona a ingresar, transitar y salir del
territorio mexicano. El ejercicio de este derecho solo podrá ser limitado bajo los casos
expresamente estipulados en artículo 11, el cual establece que
Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su
territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte,
salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará
subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad
criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones
que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la
República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.
505
CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II.116, 22 de octubre de 2002, párr. 382.
506
Véase, entre otros, CIDH, Informe n° 90/09, Caso 12.644 – Medellín, Ramírez Cárdenas y García Leal (Estados
Unidos), 7 de agosto 2009, párrs. 97 y 125; CIDH, Informe n° 91/05, Caso 12.421 – Javier Suárez Medina (Estados
Unidos), 24 de octubre de 2005, párrs. 82-87; CIDH, Informe n° 1/05, Caso 12.430 – Roberto Moreno Ramos
(Estados Unidos), 28 de enero de 2005, párr. 72; y CIDH, Informe de Admisibilidad y Fondo n° 99/03, Caso 11.331
– César Fierro (Estados Unidos), 29 de diciembre 2003, párr. 37.
507
Asamblea General de las Naciones Unidas – Concejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especialsobre los
Derechos Humanos de los Migrantes, François Crépeau. 20ª Sesión, 2 de abril de 2012, párr. 20.
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