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Capítulo II | Violencia y discriminación en contra de los migrantes 159
369. En lo que concierne a la obligación de garantizar el derecho a la integridad
personal, así como la prohibición de la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes, reconocidos en el artículo 5 de la Convención Americana, esta obligación
implica el deber del Estado de prevenir e investigar posibles actos de tortura u otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes. En mayor detalle, la Corte ha sostenido que cuando
existe una denuncia o hay razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura,
los Estados tienen la obligación de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación
efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables 382 .
370. Con relación a la obligación de garantizar el derecho a la libertad personal,
reconocido en el artículo 7.1 de la Convención Americana, la Corte ha señalado que la
libertad es siempre la regla y la limitación o restricción siempre la excepción 383 . Por lo
tanto, el Estado tiene la obligación de prevenir que la libertad de los individuos se vea
menoscabada por la actuación de agentes estatales y terceros particulares, así como
investigar y sancionar los actos violatorios de este derecho 384 .
371. Por otra parte, el artículo 6 del Protocolo de Palermo establece una serie de
obligaciones a cargo de los Estados en lo que respecta a la asistencia y protección de las
víctimas y sobrevivientes de la trata de personas, al establecer que
1. Cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno, cada
Estado Parte protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas de la trata
de personas, en particular, entre otras cosas, previendo la confidencialidad
de las actuaciones judiciales relativas a dicha trata.
2. Cada Estado Parte velará porque su ordenamiento jurídico o administrativo
interno prevea medidas con miras a proporcionar a las víctimas de la trata de
personas, cuando proceda:
a) Información sobre procedimientos judiciales y administrativos
pertinentes;
b) Asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y preocupaciones
se presenten y examinen en las etapas apropiadas de las actuaciones
penales contra los delincuentes sin que ello menoscabe los
derechos de la defensa;
3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de aplicar medidas destinadas
a prever la recuperación física, sicológica y social de las víctimas de la trata
382
Corte I.D.H., Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, párr. 345; Caso Vargas Areco vs. Paraguay, párr. 79 y Caso
Bueno Alves vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C, n° 164, párr. 89.
COMPLETAR.
383
Corte I.D.H., Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C, n° 205, párr. 247; Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez.
vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C, n°
170, párr. 53.
384
Corte I.D.H., Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C, n° 205, párr. 247.
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