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Capítulo III | Detención migratoria y debido proceso 251
a esta clase de medidas, en particular sus derechos a la integridad personal, las garantías
del debido proceso, la obligación de adoptar medidas especiales de protección a favor de
los NNA, el derecho a solicitar y recibir asilo y la protección judicial.
574. Por último, la Comisión desea llamar la atención sobre la importancia de la
participación de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la migración en la
elaboración políticas y leyes en materia migratoria. Durante el proceso de elaboración de
la Ley de Migración y de su Reglamento, la Comisión recibió múltiples quejas por parte de
las organizaciones de la sociedad civil que trabajan respecto a los obstáculos interpuestos
por el Estado mexicano tendientes a limitar su participación en estos procesos. Para la
Comisión es de especial preocupación declaraciones como las hechas por el Grupo de
Trabajo sobre Política Migratoria 596 , tras la publicación del Reglamento, al señalar que
en el proceso de elaboración del Reglamento el Estado mexicano había simulado la
participación de las organizaciones de la sociedad civil que promueven y defienden a las
personas migrantes 597 .
575. México cuenta con una de las redes más grandes de académicos y de
organizaciones de la sociedad civil en materia de migración y refugio, lo cual es un insumo
invaluable que debe ser debidamente considerado en la elaboración de sus políticas
migratorias y de refugio. En este sentido, la experticia de estos actores es el principal aval
para su participación real y efectiva en esta clase de procesos. Un cambio de paradigma
en materia migratoria, a criterio de la Comisión, debe comprender incluir la participación
real y efectiva de todos aquellos actores que trabajan alrededor de las personas migrantes
y sujetas a protección internacional, lo cual implica el trabajo coordinado entre las
instituciones del Estado federal, los entidades federales con las organizaciones de la
sociedad civil, académicos y organismos internacional que trabajan en esta materia en
generar mecanismos de colaboración y espacios de diálogo y consulta que redunden en
la protección de los derechos humanos de estas personas. Por estas razones, la Comisión
estima de suma importancia que el Estado establezca un mecanismo abierto, plural y con
reglas claras de participación, retroalimentación y rendición de cuentas en la elaboración
de las políticas, leyes y prácticas en materia migratoria y de refugio.
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El Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria se encuentra conformado por el Centro de Derechos Humanos Fray
Matías de Córdova, A.C.; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH); la Coalición Pro
defensa del Migrante de Baja California; la Dimensión Pastoral para la Movilidad Humana; FUNDAR Centro de Análisis
e Investigación, A.C.; I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; el Instituto de Estudios y Divulgación
sobre Migración (INEDIM); el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI); el Instituto para la Seguridad y la
Democracia (INSYDE); Movimiento Migrante Mesoamericano (M3); la Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas
y Latinoamericanas (NALACC); Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM); Sin Fronteras, IAP; Manuel
Ángel Castillo García, Grupo Guatemala - México; Leticia Calderón, analista en temas migratorios; Elba Coria,
consultora; Gisele Lisa Bonnici, consultora; José Antonio Guevara, consultor; Karina Arias, Consultora.
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Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, Comunicado de prensa: Reglamento de la Ley de Migración se publica
con cambios, pero persisten problemas de fondo que vulneran los derechos humanos de la población migrante en
México. México, D.F., 1 de octubre de 2012. [Documento en archivo de la Comisión].
Comisión Interamericana de Derechos Humanos | CIDH