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Capítulo III | Detención migratoria y debido proceso 199
violación de los numerales 2 al 7 del artículo 7 de la Convención conlleva necesariamente
la violación del artículo 7.1 de esta 467 , dado que la falta de respeto a las garantías de la
persona privada de la libertad desemboca, en suma, en la falta de protección del propio
derecho a la libertad de esa persona.
a. Derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente
436. De conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, y en
especial con las garantías reconocidas en el artículo 7.2 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, así como en el artículo 16.4 de la Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus
Familiares, el derecho a la libertad personal comprende el derecho a no ser privado de la
libertad ilegalmente, el cual exige que para que una detención o privación de la libertad
se encuentre justificada debe ser por las causas y en las condiciones dictadas de forma
previa por la Constitución o la ley. Este derecho ha sido ampliamente reconocido por la
jurisprudencia de diversos órganos internacionales de derechos humanos, al igual que
por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
437. A criterio de la Comisión, la garantía de la legalidad de la detención migratoria
exige que de manera previa se encuentren establecidas en la ley, de forma clara y
exhaustiva, las causas y condiciones de la detención migratoria. 468 La ambigüedad en las
leyes que fijan las causas y condiciones bajo las cuales resulta permisible la detención
migratoria puede conllevar al ejercicio arbitrario de la autoridad, y resulta particularmente
indeseable por los efectos que tiene la privación de la libertad, inter alia, sobre derechos
tales como la libertad personal, la vida, la integridad personal, la vida familiar. En este
sentido, la Comisión ha señalado que
[l]os fundamentos y procedimientos por los cuales se priva de la libertad a los
extranjeros deben definir detalladamente las razones para tal acción y el Estado
debe asumir siempre la carga de justificar la detención. Más aún, las autoridades
deben tener un margen muy estrecho y limitado de discrecionalidad y deben existir
garantías para la revisión de la detención, como mínimo a intervalos razonables. 469
438. Con relación a la prohibición de detenciones o arrestos ilegales, la Corte
Interamericana ha manifestado de manera reiterada que “según el primero de tales
de octubre de 2012. Serie C, n° 251, párr. 125, citando Corte IDH, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C, n° 170,
párr. 51, y Caso Fleury y otros Vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia 23 de noviembre de 2011. Serie C, n° 236,
párr. 53.
467
Corte IDH, Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
24 de octubre de 2012. Serie C, n° 251, párr. 125; y Caso Vélez Loor vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C, n° 218, párr. 189.
468
En este sentido, véase,Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, Informe del Grupo de
Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Doc. A/HRC10/21, 16 de febrero de 2009, párr. 67.
469
CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos. 22 de octubre de 2002, párr. 379.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos | CIDH