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164 Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México
5. Los Estados Parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales como
medidas educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya existentes, recurriendo
en particular a la cooperación bilateral y multilateral, a fin de desalentar
la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente
a la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
381. En este sentido, el Tribunal Europeo ha establecido que al igual que con los
derechos a la vida y a la prohibición a la tortura, la prohibición de la servidumbre y
del trabajo forzado, la cual también entraña la prohibición de la trata de personas, en
determinadas circunstancias, requiere la adopción por parte del Estado de medidas
operativas para proteger a las víctimas o posibles víctimas de trata 394 . En mayor detalle,
el Tribunal Europeo sostuvo que
[p]ara que se genere la obligación positiva de adoptar medidas operativas en un caso
particular, se debe demostrar que las autoridades estatales tenían conocimiento
o deberían haber tenido conocimiento de las circunstancias que den lugar a una
sospecha creíble que un individuo identificado había estado o estaba en peligro real
e inmediato de ser víctima de trata o de explotación en el sentido del artículo 3 (a)
del Protocolo de Palermo y en el artículo 4 (a) de la Convención de Lucha contra la
Trata de Personas. En el caso de que la respuesta sea afirmativa, habrá una violación
del artículo 4 del Convenio, donde las autoridades fallaron en tomar las medidas
adecuadas dentro del ámbito de sus facultades para remover al individuo de esa
situación o riesgo 395 .
ii. Deber de investigar efectivamente los hechos, conforme a los artículos 8.1 y
25.1 de la Convención, derivado de la obligación de garantía frente a actos que
vulneren los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de los
migrantes, así como la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata
382. De la obligación general de garantía de los derechos a la vida, integridad
personal, libertad personal y a la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de
personas deriva la obligación de investigar los casos de violaciones de esos derechos; es
decir, del artículo 1.1 de la Convención, en conjunto con el derecho sustantivo que debe
ser amparado, protegido o garantizado 396 . La Corte Interamericana ha sido categórica al
señalar que el deber de investigar “debe ser asumido por el Estado como un deber jurídico
394
TEDH, Caso de Rantsev vs Chipre y Rusia, Applicación no. 25965/04, 7 de enero de 2010, párr. 286. Citando, mutatis
mutandis, TEDH, Caso de Osman vs Reino Unido, Sentencia del 28 de octubre de 1998, párr. 115, y TEDH, Caso de
Mahmut Kaya vs Turquía, Aplicación n° 22535/93, 28 de marzo de 2000, párr. 115.
395
TEDH, Caso de Rantsev vs Chipre y Rusia, Applicación no. 25965/04, 7 de enero de 2010, párr. 286. Citando, mutatis
mutandis, TEDH, Caso de Osman vs Reino Unido, Sentencia del 28 de octubre de 1998, párrs. 116-117, y TEDH, Caso
de Mahmut Kaya vs Turquía, Aplicación n° 22535/93, 28 de marzo de 2000, párrs. 115-116.
396
Corte I.D.H., Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de
septiembre de 2005. Serie C, n° 140, párr. 142; Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C, n° 186, párr. 115, y Caso Perozo y otros
vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C, n°
195, párr. 298.
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