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Capítulo III | Detención migratoria y debido proceso 203
individualizado caso por caso, tras el cual el Estado debe demostrar que no existían
medidas menos invasivas para lograr los mismos objetivos y que la detención migratoria
responde a los requisitos de: i) perseguir un fin u objetivo legítimo, ii) razonabilidad, iii)
necesidad, iv) proporcionalidad y v) no discriminación.
c. Derecho a conocer las razones de la detención y los cargos formulados
contra el detenido
447. De conformidad con lo establecido por el artículo 7.4 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, y tal como ha sido sostenido por la Comisión, el Estado tiene la
obligación de informar al afectado de las causas o razones de la detención 482 . Sobre el artículo
7.4 de la Convención, la Corte Interamericana ha considerado que “se deben analizar los
hechos bajo el derecho interno y la normativa convencional, puesto que la información de los
‘motivos y razones’ de la detención debe darse ‘cuando ésta se produce’ y dado que el derecho
contenido en aquella norma implica dos obligaciones: a) la información en forma oral o escrita
sobre las razones de la detención, y b) la notificación, por escrito, de los cargos” 483 .
448. La obligación de informar acerca de las causas o razones de la detención debe
hacerse desde el momento mismo en que esta se lleva a cabo, de manera que se prevenga
que la detención se torne en arbitraria y que se le garantice al detenido su derecho de
defensa. A su vez, este derecho se encuentra intrínsecamente ligado al derecho a impugnar
la legalidad de la detención, reconocido en el artículo 7.6 de la Convención Americana, ya
que el conocer las causas o razones de la detención permite al detenido una utilización
más eficaz de los recursos disponibles dentro de la jurisdicción interna del Estado para
impugnar la legalidad de su detención. Sobre el derecho a conocer las razones de la
detención, la Corte Interamericana ha señalado que
La información sobre los motivos y razones de la detención necesariamente supone
informar, en primer lugar, de la detención misma. La persona detenida debe tener
claro que está siendo detenida. En segundo lugar, el agente que lleva a cabo la
detención debe informar en un lenguaje simple, libre de tecnicismos, los hechos y
bases jurídicas esenciales en los que se basa la detención. No se satisface el artículo
7.4 de la Convención si sólo se menciona la base legal. 484
449. En aras a darle alcance y contenido a esta obligación en el marco de la detención
migratoria, la Comisión estima que los Estados tienen que adoptar las medidas que sean
482
CIDH, Informe de Fondo No. 49/99, Loren Laroye Riebe Star, Jorge Barón Guttlein y Rodolfo Izal Elorz (México), Caso
11.610, 13 de abril de 1999, párr. 39; y CIDH, Informe de Fondo Nº 84/09, Caso 12.525, Nelson Iván Serrano Sáenz
(Ecuador), 6 de agosto de 2009, párrs. 46-47.
483
Corte IDH, Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24
de octubre de 2012. Serie C, n° 251, párr. 132. Asimismo, Cfr. O.N.U., Conjunto de Principios para la Protección de
Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, Adoptado por la Asamblea General en su
resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988, Principio 10.
484
Corte IDH, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C, n° 170, párr. 71.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos | CIDH