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Capítulo II | Violencia y discriminación en contra de los migrantes 147
334. En consideración del contexto actual de México, en el cual un gran número de
los actos de violencia y discriminación en contra de los migrantes son perpetrados por
terceros o particulares, tales como grupos del crimen organizado o delincuentes comunes,
la Comisión estima necesario recordar que la responsabilidad internacional del Estado
también puede generarse por atribución a este de actos violatorios de derechos humanos
cometidos por terceros o particulares, en el marco de las obligaciones del Estado de
garantizar el respeto de esos derechos entre individuos.
335. Sobre la responsabilidad internacional de Estado por actos cometidos por
particulares o actores no estatales, la Corte Interamericana ha señalado que
dicha responsabilidad internacional puede generarse también por actos de
particulares en principio no atribuibles al Estado. [Las obligaciones erga omnes de
respetar y hacer respetar las normas de protección, a cargo de los Estados Partes en
la Convención,] proyectan sus efectos más allá de la relación entre sus agentes y las
personas sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan también en la obligación
positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva
protección de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales. La atribución
de responsabilidad al Estado por actos de particulares puede darse en casos en que
el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes cuando se encuentren en
posición de garantes, esas obligaciones erga omnes contenidas en los artículos 1.1 y 2
de la Convención 340 .
336. La Corte Interamericana se ha pronunciado expresamente sobre aquellas
situaciones en las que la vulneración a los derechos humanos de los migrantes se ha
generado como consecuencia de la acción de particulares. En su Opinión Consultiva sobre
la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, la Corte señaló que
[…] se debe tener en cuenta que existe una obligación de respeto de los derechos
humanos entre particulares. Esto es, de la obligación positiva de asegurar la efectividad
de los derechos humanos protegidos, que existe en cabeza de los Estados, se derivan
efectos en relación con terceros (erga omnes). Dicha obligación ha sido desarrollada
por la doctrina jurídica y, particularmente, por la teoría del Drittwirkung, según la
cual los derechos fundamentales deben ser respetados tanto por los poderes públicos
como por los particulares en relación con otros particulares 341 .
Interamericana de Derechos Humanos el 31 de diciembre de 2009, párr. 39.
340
Corte I.D.H., Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C, n°
134, párrafos 111 y 112; Caso de la Comunidad Moiwana vs. Surinam. Sentencia de 15 de junio de 2005, Serie C, n°
124, párrafo 211; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Sentencia de 8 de julio de 2004, Serie C, n° 110,
párrafo 91; Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Sentencia de 5 de julio de 2004, Serie C, n° 109, párrafo 183; Caso
Maritza Urrutia vs. Guatemala. Sentencia de 27 de noviembre de 2003, Serie C, n° 103, párrafo 71; Caso Bulacio vs.
Argentina. Sentencia de 18 de septiembre de 2003, Serie C, n° 100, párrafo 111. También hizo lo propio al ordenar
medidas provisionales para proteger a miembros de grupos o comunidades de actos y amenazas causadas por
agentes estatales y por terceros particulares.
341
Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de
septiembre de 2003, párrafo 140.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos | CIDH