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160 Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México
de personas, incluso, cuando proceda, en cooperación con organizaciones no
gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la
sociedad civil, y en particular mediante el suministro de:
a) Alojamiento adecuado;
b) Asesoramiento e información, en particular con respecto a sus
derechos jurídicos, en un idioma que las víctimas de la trata de
personas puedan comprender;
c) Asistencia médica, sicológica y material; y
d) Oportunidades de empleo, educación y capacitación.
4. Cada Estado Parte tendrá en cuenta, al aplicar las disposiciones del presente
artículo, la edad, el sexo y las necesidades especiales de las víctimas de la
trata de personas, en particular las necesidades especiales de los niños,
incluidos el alojamiento, la educación y el cuidado adecuados.
5. Cada Estado Parte se esforzará por prever la seguridad física de las víctimas
de la trata de personas mientras se encuentren en su territorio.
6. Cada Estado Parte velará porque su ordenamiento jurídico interno prevea
medidas que brinden a las víctimas de la trata de personas la posibilidad de
obtener indemnización por los daños sufridos.
372. Sumado a lo anterior, la Comisión observa que el artículo 7 del Protocolo de
Palermo establece que cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas
legislativas u otras medidas apropiadas que permitan a las víctimas de la trata de personas
permanecer en su territorio, temporal o permanentemente, cuando proceda. Al aplicar la
disposición contenida en el párrafo 1 del mencionado artículo, cada Estado Parte dará la
debida consideración a factores humanitarios y personales.
373. La Comisión toma nota de lo señalado por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en el Caso de Rantsev vs. Chipre y Rusia al referirse a las obligaciones de los
Estados para garantizar los derechos de los sobrevivientes y de las potenciales víctimas
de trata de personas, al sostener que
el espectro de las salvaguardas establecidas en la legislación nacional debe ser
adecuado para garantizar la protección práctica y efectiva de los derechos de las
víctimas o posibles víctimas de la trata de personas. En consecuencia, en adición a
las disposiciones penales para castigar a los tratantes, el artículo 4 [Prohibición de
la esclavitud y del trabajo forzado] obliga a los Estados miembros a poner en marcha
medidas adecuadas que regulen los negocios que a menudo son usados como una
tapadera para la trata de personas. Además, la legislación migratoria de un Estado
debe abordar las preocupaciones relevantes relacionadas con la promoción, la
facilitación o la tolerancia de la trata de personas 385 .
385
TEDH, Caso de Rantsev vs Chipre y Rusia, Aplicación no. 25965/04, 7 de enero de 2010. Disponible en: http://
hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-96549. [Última consulta el 30 de diciembre de 2013].
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