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Capítulo III | Detención migratoria y debido proceso 205
efectivo de los derechos del detenido, tomando en cuenta la especial vulnerabilidad de
aquel, de forma que constituya un verdadero mecanismo de control frente a detenciones
ilegales o arbitrarias 488 . En mayor detalle, la Corte ha señalado que
para satisfacer la garantía establecida en el artículo 7.5 de la Convención en materia
migratoria, la legislación interna debe asegurar que el funcionario autorizado
por la ley para ejercer funciones jurisdiccionales cumpla con las características
de imparcialidad e independencia que deben regir a todo órgano encargado de
determinar derechos y obligaciones de las personas. En este sentido, el Tribunal ya
ha establecido que dichas características no solo deben corresponder a los órganos
estrictamente jurisdiccionales, sino que las disposiciones del artículo 8.1 de la
Convención se aplican también a las decisiones de órganos administrativos. Toda
vez que en relación con esta garantía corresponde al funcionario la tarea de prevenir
o hacer cesar las detenciones ilegales o arbitrarias, es imprescindible que dicho
funcionario esté facultado para poner en libertad a la persona si su detención es ilegal
o arbitraria. 489
453. La Comisión ha sostenido que los procedimientos de revisión de la detención
deben realizarse con apego a las garantías del debido proceso. En el caso de la detención
migratoria, lo anterior significa, inter alia, el derecho de los migrantes detenidos a ser
escuchados cuanto antes por un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer
funciones judiciales, de presentar pruebas y refutar los argumentos del Estado, así como
la posibilidad de ser representados por un asesor letrado 490 . El juez o el funcionario
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales fallará cuanto antes sobre
la legalidad de la detención 491 y, en caso de que lo estime pertinente, ordenará que el
migrante o el solicitante de asilo sea puesto en libertad 492 , sin perjuicio de que continúe el
proceso. A juicio de la Comisión, esta norma impone límites temporales a la duración de
488
Véase, entre otros, Corte IDH, Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C, n° 251, párr. 136; y Corte IDH, Caso Vélez Loor vs. Panamá.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C, n° 218,
párr. 107.
489
Véase, Corte IDH, Caso Vélez Loor vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 23 de noviembre de 2010. Serie C, n° 218, párr. 108. En este sentido, también puede verse, Corte IDH, Caso
Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de
2012. Serie C, n° 251, párr. 137.
490
Véase CIDH, Informe de fondo Nº 49/99, Caso 11.610, Loren Laroye Riebe Star, Jorge Baron Guttlein y Rodolfo
Izal Elorz (México), 13 de abril de 1999, párr. 40; CIDH, Informe de Admisibilidad y Fondo No. 51/01, Caso 9903,
Rafael Ferrer-Mazorra y otros (Los Cubanos del Mariel) (Estados Unidos de América). 4 de abril de 2001, párr. 213.
En sentido similar, véase Comité de Derechos Humanos, Torres c. Finlandia, Comunicación n° 291/1988, CCPR/
C/38/D/291/1988, 5 de abril de 1990), párr. 7.2.
491
En este sentido, véase CIDH, Informe de fondo n° 49/99, Caso 11.610, Loren Laroye Riebe Star, Jorge Baron Guttlein
y Rodolfo Izal Elorz (México), 13 de abril de 1999, párr. 40.
492
CIDH, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas.
Documento aprobado por la Comisión en su 131° período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo
de 2008, Principio V. En este sentido, también puede verse Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las
Naciones Unidas, Deliberación n° 5: Situación relativa a los inmigrantes y a los solicitantes de asilo. E/CN.4/2000/4,
28 de diciembre de 1999, Principios 3 y 8.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos | CIDH