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162 Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México
376. La Comisión estima necesario recalcar que los Estados, en su posición de
garantes de los derechos humanos, tienen una obligación jurídica respecto de las personas
que se encuentran bajo su jurisdicción de prevenir que se produzcan violaciones a los
derechos humanos que serían evitables. Cuando el Estado incumple esa obligación, y con
ello se genera una violación a los derechos humanos que podría haber sido prevenida,
abandona su posición de garante.
377. Con relación al deber de prevención, la Comisión considera que ante situaciones
generalizadas de discriminación y violencia que ponen en riesgo el ejercicio efectivo de
los derechos humanos es imperativo que el Estado adopte e implemente medidas en dos
niveles: 1) medidas generales y 2) medidas específicas. Cuando se trata de contextos en
los que el Estado tiene conocimiento de una situación generalizada de discriminación y
violencia contra un grupo específico, en virtud del deber de prevención, el Estado debe
contar con una estrategia de prevención integral que este dirigida a evitar la ocurrencia
de los factores de riesgo, a la vez que fortalezca las instituciones para que puedan dar
una respuesta efectiva frente a los casos de discriminación y violencia que afecten a
un grupo específico de personas. Las medidas generales de prevención incluyen todas
aquellas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la
salvaguarda de los derechos humanos, tales como un marco jurídico de protección
idóneo, llevar a cabo las acciones que sean necesarias para garantizar la aplicación
efectiva de este y con políticas de prevención, prácticas que permitan actuar de una
manera eficaz ante las denuncias, así como campañas de sensibilización. Por otra parte,
en los casos en los que es evidente que determinadas personas enfrentan un riesgo real
e inmediato de ser víctimas de violencia o discriminación, el Estado tiene la obligación
de implementar medidas específicas respecto de dichas personas para prevenir que
tales hechos se materialicen.
378. En la sentencia del Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, la
Corte Interamericana distinguió dos momentos claves en los que el deber de prevención
debe ser analizado. 390 El primero es antes de la desaparición de las víctimas y el segundo
antes de la localización de sus cuerpos sin vida. Sobre el primer momento –antes de
la desaparición de las víctimas- la Corte consideró que ‘la falta de prevención de la
desaparición no conlleva per se la responsabilidad internacional del Estado’ sino que
debía tener conocimiento de un “riesgo real e inmediato para las víctimas”. En cuanto
al segundo momento –antes del hallazgo de los cuerpos- el Estado, dado el contexto del
caso, tuvo conocimiento de que existía un riesgo real e inmediato de que dichas víctimas
podrían ser objeto de mayores violaciones a sus derechos humanos. 391 La Corte, por
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C, n° 99, párr. 81.
390
Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C, n° 205, párr. 281-286.
391
Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
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