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Capítulo III | Detención migratoria y debido proceso 195
situación migratoria irregular no constituye más que una infracción a una norma de
carácter administrativo. Al respecto, la Corte ya ha dicho que es preciso tomar en cuenta
que las sanciones que se derivan de infracciones administrativas son, como las penales,
una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar
a la de estas 452 . En una sociedad democrática, el poder punitivo solo se ejerce en la medida
estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques
más graves que los dañen o pongan en peligro. Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo
del poder punitivo del Estado 453 . La Comisión considera que el hecho de que un migrante
se encuentre en situación irregular en un país no representa una lesión a un bien jurídico
fundamental que requiera ser protegido a través del poder punitivo del Estado.
428. Sobre la detención migratoria la Comisión ha sostenido que “[l]as normas
internacionales establecen que la detención debe aplicarse sólo de manera excepcional
y luego de haber analizado en cada caso su necesidad. En todos los casos, los estados
deben evitar la prolongación excesiva de la detención y deben asegurar que sea lo más
breve posible.” 454 Las múltiples afectaciones que genera la privación de la libertad sobre
los derechos de las personas justifican porque estas son medidas a las que los Estados
solo pueden recurrir como una ultima ratio. En adición a las afectaciones que genera la
detención migratoria sobre el derecho a la libertad personal, también es necesario tener
en cuenta que en muchos casos la detención también acarrea serias afectaciones sobre la
integridad personal y la salud física y psicológica de los migrantes detenidos.
429. Los órganos del Sistema Interamericano han sostenido de forma consistente
y enfática que en el contexto de infracciones migratorias, la privación de la libertad debe
ser una medida excepcional. 455 En este sentido, los Principios Interamericanos sobre la
452
Corte IDH, Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23
de noviembre de 2010. Serie C, n° 218, párr. 170, citando Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C, n° 72, párr. 106.
453
Corte IDH, Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23
de noviembre de 2010. Serie C, n° 218, párr. 170.
454
CIDH, Derechos Humanos de los Migrantes, Estándares Internacionales y Directiva Europea sobre Retorno. Resolución
n° 03/08, 25 de julio de 2008, p. 2.
455
CIDH, Informe sobre Inmigración en Estados Unidos: Detenciones y Debido Proceso. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 78/10, 30
de diciembre de 2010, párr. 34. Sobre un desarrollo del principio de excepcionalidad de la privación de la libertad
en el derecho internacional de los derechos humanos, véase: CIDH, Informe de Fondo n° 86/09, Caso 12.553, Jorge,
José y Dante Peirano Basso (República Oriental del Uruguay), 6 de agosto de 2009, párrs. 93 y ss.; CIDH, Informe
de Admisibilidad y Fondo n° 51/01, Caso 9903, Rafael Ferrer-Mazorra y otros (Los Cubanos del Mariel) (Estados
Unidos de América). 4 de abril de 2001, párrs. 216-219; Corte IDH, Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República
Dominicana. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C, n° 251, párrs. 124-144;
Corte IDH, Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23
de noviembre de 2010. Serie C, n° 218, párr. 166. Otros casos en los que la Corte Interamericana ha desarrollado
el principio de que toda privación o limitación al derecho a la libertad personal debe ser excepcional; véase Caso
Yvon Neptune vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C, n° 180, párr. 98;
Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 21 de noviembre de 2007. Serie C, n° 170, párr. 93, y Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C, n° 111, párr. 129.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos | CIDH