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Capítulo II | Violencia y discriminación en contra de los migrantes 179
apátridas y las víctimas de trata de personas, prestando especial atención
que estas capacitaciones tengan un enfoque de género y hagan énfasis en
las medidas especiales de protección que se deben implementar respecto
de niños, niñas y adolescentes.
12. Fortalecer los mecanismos tendientes a combatir la corrupción y a
promover la rendición de cuentas por funcionarios estatales a través de
la evaluación e investigación, por intermedio de las instituciones públicas
competentes, las cuales luego de un debido proceso deberán aplicar las
sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes
a los funcionarios del INM, policías del orden local, estatal y federal o
cualquier otro funcionario que fuese hallado responsable de la comisión
de delitos y violaciones a los derechos humanos de los migrantes y sus
defensores de derechos humanos.
13. Establecer mecanismos que permitan hacer un monitoreo más riguroso
sobre las transferencias internacionales de dinero que se realizan a través
de empresas tales como Western Union, MoneyGram y otros servicios
similares, dado que en muchos casos estas transferencias tienen por
objeto el pago de secuestros de migrantes.
14. Implementar mecanismos de búsqueda de migrantes desaparecidos,
no localizados, secuestrados o bajo cualquier forma de privación de
la libertad. Estos mecanismos deben estar coordinados entre todas
las entidades federativas, la federación y con los países de origen en
Centroamérica y los países de destino, principalmente Estados Unidos.
15. Desarrollar mecanismos de investigación efectivos y coordinados regionalmente
que permitan a los migrantes agraviados y a sus familiares, independientemente
de su situación migratoria y de donde se encuentren,
tener un acceso efectivo a la justicia.
16. Fortalecer las instancias federales y estatales de atención a víctimas de
delitos y violaciones a derechos humanos y garantizar la accesibilidad y
disponibilidad de servicios a personas migrantes que han sido víctimas
de delitos o violaciones a sus derechos humanos y sus familiares. Estas
instancias deben contar con personal especializado y sensible en el tema
de la migración, refugio y víctimas de trata de personas, y proveer a las
víctimas y sus familiares atención médica, psicológica o psiquiátrica
gratuita, de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de instituciones
estatales de salud especializadas. El acceso debe ser en igualdad de
condiciones independientemente donde se encuentre la víctima.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos | CIDH