¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia?

108EL CONTEXTO NACIONAL: SOCIEDAD, POLÍTICA E INSTITUCIONALIDAD PARTICIPATIVAen buena proporción como espacios de encuentro entre la administración municipal y losrepresentantes de la población, y a las que se han asignado principalmente funciones deiniciativa y fiscalización y en menor medida de consulta, concertación y gestión.Esta oferta participativa ha sido de iniciativa estatal, con una característica bien precisa:sus contenidos, en términos de agentes, funciones y alcance, fueron definidos por los agentespolíticos tradicionales, afincados en los gobiernos de turno y en el Congreso de la República,sin concertación con la ciudadanía, los movimientos y las organizaciones sociales.Fue una legislación autorreferida que, si bien respondió en parte a la presión ciudadanadesarrollada durante finales de la década del 70 y comienzos de la década del 80 del siglopasado, no respondió a las verdaderas expectativas de amplios sectores de la población quea través de las protestas locales y regionales demandaba una apertura democrática de amplioalcance. Como dicen Cunill y otros “el reclamo de participación desde el campo socialno se compadece plenamente con las ofertas estatales y los nuevos actores sociales noposeen todavía la fuerza para orientar sus demandas hacia la construcción de nuevas relacionesentre el Estado y la sociedad” 88 .De esta manera puede hablarse de una asimetría en el origen de la institucionalidadparticipativa en Colombia. Ella fue el producto de una iniciativa política de modernizacióndel Estado y de apertura democrática forzada por las circunstancias, que interpretó más elinterés de un sistema político que había perdido credibilidad y legitimidad a los ojos de losciudadanos, que las aspiraciones de una población sometida secularmente a la lógica de lasclientelas políticas.Tal asimetría permite comprender el perfil de las instancias arriba señalado, así como otrosrasgos que las caracterizan: en primer lugar, la dispersión de los espacios de participación.Tal parece que el entusiasmo generado por el nuevo marco constitucional llevó a los legisladoresen la década del 90 a actuar con base en el principio de que “no hay ley que serespete que no introduzca un nuevo canal de participación”. Así fueron creadas más detreinta instancias 89 , cada una con su lógica y sin ninguna articulación con las restantes. Enalgunos casos, fueron los concejales municipales, encargados de reglamentar en los municipiossu funcionamiento, los que intentaron darle coherencia a algunas de ellas. Pero, engeneral, la tónica que prevaleció, incluso en el nivel municipal, fue la de la dispersión. Deesa manera es factible pensar que la interlocución de los agentes participativos y de lan88CUNILL, Nuria y otros, op. cit., p. 25.89Hablamos de más de treinta pues algunos creados a finales de la década del ochenta del siglo pasado fueronderogados por normas posteriores, por ejemplo, la participación de los usuarios en las juntas directivas de lasempresas municipales prestadoras de servicios públicos.