gabriel-garcc3ada-mc3a1rquez-noticia-de-un-secuestro

8
El problema era cómo encontrar a Pablo Escobar en una ciudad martirizada por la
violencia. En los primeros dos meses del año de 1991 se habían cometido mil doscientos
asesinatos -veinte diarios- y una masacre cada cuatro días. Un acuerdo de casi todos los
grupos armados había decidido la escalada más feroz de terrorismo guerrillero en la historia
del país, y Medellín fue el centro de la acción urbana. Cuatrocientos cincuenta y siete
policías habían sido asesinados en pocos meses. El DAS había dicho que dos mil personas
de las comunas estaban al servicio de Escobar, y que muchos de ellos eran adolescentes que
vivían de cazar policías. Por cada oficial muerto recibían cinco millones de pesos, por cada
agente recibían un millón y medio, y ochocientos mil por cada herido. El 16 de febrero de
1991 murieron tres suboficiales y ocho agentes de la policía por la explosión de un
automóvil con ciento cincuenta kilos de dinamita frente a la plaza de toros de Medellín. De
pasada murieron nueve civiles y fueron heridos otros ciento cuarenta y tres que no tenían
nada que ver con la guerra.
El Cuerpo Elite, encargado de la lucha frontal contra el narcotráfico, estaba señalado por
Pablo Escobar como la encarnación de todos los males. Lo había creado el presidente
Virgilio Barco en 1989, desesperado por la imposilidad de establecer responsabilidades
exactas en cuerpos tan grandes como el ejército y la policía. La misión de formarlo se le
encomendó a la Policía Nacional para mantener al ejército lo más lejos posible de los
efluvios perniciosos del narcotráfico y el paramilitarismo. En su origen no fueron más de
trescientos, con una escuadrilla especial de helicópteros a su disposición, y entrenados por
el Special Air Service (SAS) del gobierno británico.
El nuevo cuerpo había empezado a actuar en el sector medio del río Magdalena, al centro
del país, durante el apogeo de los grupos paramilitares creados por los terratenientes para
luchar contra la guerrilla. De allí se desprendió más tarde un grupo especializado en
operaciones urbanas, y se estableció en Medellín como un cuerpo legionario de rueda libre
que sólo dependía de la Dirección Nacional de Policía de Bogotá, sin instancias
intermedias, y que por su naturaleza misma no era demasiado meticuloso en los límites de
su mandato. Esto sembró el desconcierto entre los delincuentes, y también entre las
autoridades locales que asimilaron de mala gana una fuerza autónoma que escapaba a su
poder. Los Extraditables se encarnizaron contra ellos, y los señalaron como los autores de
toda clase de atropellos contra los derechos humanos.
La gente de Medellín sabía que no eran infundadas todas las denuncias de los Extraditables
sobre asesinatos y atropellos de la fuerza pública, porque los veían suceder en las calles,
aunque en la mayoría de los casos no hubiera reconocimiento oficial. Las organizaciones de
derechos humanos nacionales e internacionales protestaban, y el gobierno no tenía
respuestas convincentes. Meses después se decidió no hacer allanamientos sin la presencia
de un agente de la Procuraduría General con la inevitable burocratización de los operativos.
Era poco lo que la justicia podía hacer. jueces y magistrados, cuyos sueldos escuálidos les
alcanzaban apenas para vivir pero no para educar a sus hijos, se encontraron con un dilema