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2047 debía ser reformado. Para empezar, dejaba demasiado abierta la posibilidad de que
cualquier juez interpretara a su modo el manejo de la extradición. Otra falla era que las
pruebas decisivas contra los narcos estaban en el exterior, pero todo el elemento de
cooperación con los Estados Unidos se había vuelto crítico, y los plazos para obtenerlas
eran demasiado estrechos. La solución -que no estaba en el decreto- era ensanchar los
plazos y trasladarle a la presidencia de la república la responsabilidad de ser el interlocutor
para traer las pruebas al país.
Tampoco Alberto Villamizar había encontrado en el decreto el apoyo decisivo que
esperaba. Hasta ese momento, sus intercambios con Santos y Turbay y sus primeras
reuniones con los abogados de Pablo Escobar le habían permitido formarse una idea global
de la situación. Su impresión de primera vista fue que el decreto de sometimiento, acertado
pero deficiente, le dejaba muy poco margen de acción para liberar a sus secuestradas.
Mientras tanto, el tiempo pasaba sin ninguna noticia de ellas ni una ínfima prueba de
supervivencia. Su única oportunidad para comunicarse había sido una carta enviada a través
de Guido Parra, en la que les daba a ambas el optimismo y la seguridad de que él no
volvería a hacer nada diferente de trabajar por liberarlas. «Yo sé que su situación es terrible
pero esté tranquila», le escribió a Maruja.
La verdad era que Villamizar estaba en las tinieblas. Había agotado todas las puertas, y su
único asidero en el largo noviembre era la promesa de Rafael Pardo de que el presidente
estaba pensando en un decreto complementario y aclaratorio del 2047. «Eso ya está listo»,
le decía. Rafael Pardo pasaba por su casa casi todas las tardes y lo mantenía al corriente de
sus gestiones, pero él mismo no estaba muy seguro de por dónde continuar. Su conclusión
de las lentas conversaciones con Santos y Turbay era que las negociaciones estaban
empantanadas. No creía en Guido Parra. Lo conocía desde sus merodeos por el congreso y
le parecía oportunista y turbio. Sin embargo, buena o mala, era la única carta, y decidió
jugársela a fondo. No había otra y el tiempo apremiaba.
A solicitud suya, el ex presidente Turbay y Hernando Santos citaron a Guido Parra, con la
condición de que asistiera también el doctor Santiago Uribe, otro abogado de Escobar con
una buena reputación de seriedad. Guido Parra inició la conversación con sus frases
habituales de alto vuelo, pero Villamizar lo puso con los pies sobre la tierra desde la
primera con un capotazo a la santandereana.
-A mí no me venga a hablar mierda -le dijo-. Vamos a lo que se trata. Usted tiene todo
empantanado por andar pidiendo huevonadas y aquí no hay sino una vaina: simplemente,
los tipos tienen que entregarse y confesar algún delito por el cual se les puedan meter doce
años. Es lo que dice la ley y punto. A cambio de eso les dan una rebaja de penas y se les
garantiza la vida. Lo demás son puras pendejadas suyas.
Guido Parra no tuvo ningún reparo para ponerse a tono.
-Mire, mi doctor -le dijo-, aquí lo que ocurre es que el gobierno dice que no los van a
extraditar, todo el mundo lo dice, pero ¿dónde lo dice taxativamente el decreto?
Villamizar estuvo de acuerdo. Si el gobierno estaba diciendo que no iba a extraditar, puesto
que ése era el sentido de la ley, la tarea era convencer al gobierno de que se corrigieran las
ambigüedades. Lo demás -las interpretaciones amañadas del delito su¡ generis, o la
negativa a confesar, o la inmoralidad de la delación- no era más que distracciones retóricas
de Guido Parra. Pues era claro que para los Extraditables -como su propio nombre lo