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La doctora Patricia Álvarez, que practicó la autopsia de Marina Montoya desde las siete y
media de la mañana del viernes, le encontró en el estómago restos de alimentos
reconocibles, y dedujo que la muerte había ocurrido en la madrugada del jueves. También a
ella la impresionó la calidad de la ropa interior y las uñas pulidas y pintadas. Llamó al
doctor Pedro Morales, su jefe, que practicaba otra autopsia dos mesas más allá, y éste la
ayudó a descubrir otros signos inequívocos de la condición social del cadáver. Le hicieron
la carta dental y le tomaron fotografías y radiografías, y tres pares más de huellas digitales.
Por último le hicieron una prueba de absorción atómica y no encontraron restos de
psicofármacos, a pesar de los dos barbitúricos que Maruja Pachón le había dado unas horas
antes de la muerte.
Cumplidos los trámites primarios mandaron el cuerpo al Cementerio del Sur, donde tres
semanas antes había sido excavada una fosa común para sepultar unos doscientos
cadáveres. Allí la enterraron junto con los otros cuatro desconocidos y el niño.
Era evidente que en aquel enero atroz el país había llegado a la peor situación concebible.
Desde 1984, cuando el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla, habíamos padecido
toda clase de hechos abominables, pero ni la situación había llegado a su fin, ni lo peor
había quedado atrás. Todos los factores de violencia estaban desencadenados y agudizados.
Entre los muchos graves que habían convulsionado al país, el narcoterrorismo se definió
como el más virulento y despiadado. Cuatro candidatos presidenciales habían sido
asesinados antes de la campaña de 1990. A Carlos Pizarro, candidato del M-19, lo mató un
asesino solitario a bordo de un avión comercial, a pesar de que había cambiado cuatro veces
sus reservaciones de vuelo en absoluto secreto y con toda clase de argucias para despistar.
El precandidato Ernesto Samper sobrevivió a una ráfaga de once tiros, y llegó a la
presidencia de la república cinco años después, todavía con cuatro proyectiles dentro del
cuerpo que sonaban en las puertas magnéticas de los aeropuertos. Al general Maza
Márquez le habían hecho estallar a su paso un carrobomba de trescientos cincuenta kilos de
dinamita, y había escapado de su automóvil de bajo blindaje arrastrando uno de sus escoltas
heridos. «De pronto me sentí como suspendido en vilo por la cresta de un oleaje», contó el
general. Fue tal la conmoción, que debió acudir a la ayuda siquiátrica para recobrar el
equilibrio emocional. Aún no había terminado el tratamiento, al cabo de siete meses,
cuando un camión con dos toneladas de dinamita desmanteló con una explosión
apocalíptica el enorme edificio del DAS, con un saldo de setenta muertos, setecientos
veinte heridos, y estragos materiales incalculables. Los terroristas habían esperado el
momento exacto en que el general entrara en su oficina, pero no sufrió ni un rasguño en
medio del cataclismo. Ese mismo año, una bomba estalló en un avión de pasajeros cinco
minutos después del despegue, y causó ciento siete muertos, entre ellos Andrés Escabí -el
cuñado de Pacho Santos-, y el tenor colombiano Gerardo Arellano. La versión general fue
que estaba dirigida al candidato César Gaviria. Error siniestro, pues Gaviria no tuvo nunca
el propósito de viajar en ese avión. Más aún: la seguridad de su campaña le había prohibido
volar en aviones de línea, y en alguna ocasión que quiso hacerlo tuvo que desistir, ante el
espanto de otros pasajeros que trataron de desembarcar para no correr el riesgo de volar con
él.
La verdad era que el país estaba condenado dentro de un círculo infernal. Por un lado, los
Extraditables se negaban a entregarse o a moderar la violencia, porque la policía no les
daba tregua. Escobar había denunciado por todos los medios que la policía entraba a
cualquier hora a las comunas de Medellín, agarraba diez menores al azar, y los fusilaba sin
más averiguaciones en cantinas y potreros. Suponían a ojo que la mayoría estaba al servicio