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de Pablo Escobar, o eran sus partidarios, o iban a serlo en cualquier momento por la razón o
por la fuerza. Los terroristas no daban tregua en las matanzas de policías a mansalva, ni en
los atentados y los secuestros. Por su parte, los dos movimientos guerrilleros más antiguos
y fuertes, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FARC). acababan de replicar con toda clase de actos terroristas a la primera propuesta de
paz del gobierno de César Gaviria.
Uno de los gremios más afectados por aquella guerra ciega fueron los periodistas, víctimas
de asesinatos y secuestros, aunque también de deserción por amenazas y corrupción. Entre
setiembre de 1983 y enero de 1991 fueron asesinados por los carteles de la droga veintiséis
periodistas de distintos medios del país. Guillermo Cano, director de El Espectador, el más
inerme de los hombres, fue acechado y asesinado por dos pistoleros en la puerta de su
periódico el 17 de diciembre de 1986. Manejaba su propia camioneta, y a pesar de ser uno
de los hombres más amenazados del país por sus editoriales suicidas contra el comercio de
drogas, se negaba a usar un automóvil blindado o a llevar una escolta. Con todo, sus
enemigos trataron de seguir matándolo después de muerto. Un busto erigido en memoria
suya fue dinamitado en Medellín. Meses después, hicieron estallar un camión con
trescientos kilos de dinamita que redujeron a escombros las máquinas del periódico.
Una droga más dañina que las mal llamadas heroicas se introdujo en la cultura nacional: el
dinero fácil. Prosperó la idea de que la ley es el mayor obstáculo para la felicidad, que de
nada sirve aprender a leer y a escribir, que se vive mejor y más seguro como delincuente
que como gente de bien. En síntesis: el estado de perversión social propio de toda guerra
larvada.
El secuestro no era una novedad en la historia reciente de Colombia. Ninguno de los cuatro
presidentes de los años anteriores había escapado a la prueba de un secuestro
desestabilizador. Y por cierto, hasta donde se sabe, ninguno de los cuatro había cedido a las
exigencias de los secuestradores. En febrero de 1976, bajo el gobierno de Alfonso López
Michelsen, el M-19 había secuestrado al presidente de la Confederación de Trabajadores de
Colombia, José Raquel Mercado. Fue juzgado y condenado a muerte por sus captores por
traición a la clase obrera, y ejecutado con dos tiros en la nuca ante la negativa del gobierno
a cumplir una serie de condiciones políticas.
Dieciséis miembros de élite del mismo movimiento armado se tomaron la embajada de la
República Dominicana en Bogotá cuando celebraban su fiesta nacional, el 27 de febrero de
1980, bajo el gobierno de julio César Turbay. Durante sesenta y un días mantuvieron en
rehenes a casi todo el cuerpo diplomático acreditado en Colombia, incluidos los
embajadores de los Estados Unidos, Israel y el Vaticano. Exigían un rescate de cincuenta
millones de dólares y la liberación de trescientos once de sus militantes detenidos. El
presidente Turbay se negó a negociar, pero los rehenes fueron liberados el 28 de abril sin
ninguna condición expresa, y los secuestradores salieron del país bajo la protección del
gobierno de Cuba, solicitada por el gobierno de Colombia. Los secuestradores aseguraron
en privado que habían recibido por el rescate cinco millones de dólares en efectivo,
recaudados por la colonia judía de Colombia entre sus cofrades del mundo entero.
El 7 de noviembre de 1985, un comando del M-19 se tomó el multitudinario edificio de la
Corte Suprema de justicia en su hora de mayor actividad, con la exigencia de que el más
alto tribunal de la república juzgara al presidente Belisario Betancur por no cumplir con su
promesa de paz. El presidente no negoció, y el ejército rescató el edificio a sangre y fuego
al cabo de diez horas, con un saldo indeterminado de desaparecidos y noventa y cinco