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mantenía abierto al gobierno un canal directo que no lo comprometía, y en cambio le servía
para avanzar sin negociar. Escobar debió entender entonces que Gaviria no designaría
nunca un delegado oficial para conversar con él -que era su sueño dorado- y se aferró a la
esperanza de que la Constituyente lo indultara, ya fuera como traficante arrepentido, o a la
sombra de algún grupo armado.
No era un cálculo loco. Antes de la instalación de la Constituyente, los partidos políticos
habían acordado una agenda de temas cerrados, y el gobierno logró con razones jurídicas
que la extradición no fuera incluida en la lista, porque la necesitaba como instrumento de
presión en la política de sometimiento. Pero cuando la Corte Suprema de Justicia tomó la
decisión espectacular de que la Constituyente podía tratar cualquier tema sin limitación
alguna, el de la extradición resurgió de los escombros. El indulto no se mencionó, pero
también era posible: todo cabía en el infinito.
El presidente Gaviria no era de los que abandonaban un terna por otro. En seis meses había
impuesto a sus colaboradores un sistema de comunicación personal con notas escritas en
papelitos casuales con frases breves que lo resumían todo. A veces mandaba sólo el nombre
de la persona a quien iba dirigido, se lo entregaba al que estuviera más cerca, y el
destinatario sabía lo que debía hacer. Este método, además, tenía para sus asesores la virtud
terrorífica de que no hacía distinción entre las horas de trabajo y las de descanso. Gaviria
no la concebía, pues descansaba con la misma disciplina con que trabajaba, y seguía
mandando papelitos mientras estaba en un cóctel o tan pronto como emergía de la pesca
submarina. «Jugar tenis con él era como un consejo de ministros», dijo uno de sus
consejeros. Podía hacer siestas profundas de cinco a diez minutos aun sentado en el
escritorio, y despertaba como nuevo mientras sus colaboradores se caían de sueño. El
método, por azaroso que pareciera, tenía la virtud de disparar la acción con más apremio y
energía que los memorandos formales.
El sistema fue de gran utilidad cuando el presidente trató de parar el golpe de la Corte
Suprema contra la extradición, con el argumento de que era un tema de ley y no de
Constitución. El ministro de Gobierno, Humberto de la Calle logró convencer de entrada a
la mayoría. Pero las cosas que interesan a la gente terminan por imponerse a las que
interesan a los gobiernos, y la gente tenía bien identificada la extradición como uno de los
factores de perturbación social y, sobre todo, del terrorismo salvaje. Así que al cabo de
muchas vueltas y revueltas terminó incluida en el temario de la Comisión de Derechos.
En medio de todo, los Ochoa persistían en el temor de que Escobar, acorralado por sus
propios demonios, decidiera inmolarse en una catástrofe de tamaño apocalíptico. Fue un
temor profético. A principios de marzo, Villamizar recibió de ellos un mensaje apremiante:
«Véngase enseguida para acá porque van a pasar cosas muy graves». Habían recibido una
carta de Pablo Escobar con la amenaza de reventar cincuenta toneladas de dinamita en el
recinto histórico de Cartagena de Indias si no eran sancionados los policías que asolaban las
comunas de Medellín: cien kilos por cada muchacho muerto fuera de combate.
Los Extraditables habían considerado a Cartagena como un santuario intocable hasta el 28
de setiembre de 1989, cuando una carga de dinamita sacudíó los cimientos y pulverizó
cristales del Hotel Hilton, y mató a dos médicos de un congreso que sesionaba en otro piso.
A partir de entonces quedó claro que tampoco aquel patrimonio de la humanidad estaba a
salvo de la guerra. La nueva amenaza no permitía un instante de vacilación.
El presidente Gaviria la conoció por Villamizar pocos días antes de cumplirse el plazo.
«Ahora no estamos peleando por Maruja sino por salvar a Cartagena», le dijo Villamizar,
para facilitarle un argumento. La respuesta del presidente fue que le agradecía la