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150 UN NUEVO ESTADO PARA LA NUEVA DEMOCRACIA
de justicia que intentan mejorar la efi cacia de las burocracias judiciales, pero que no
cuentan con un Estado con poder para aplicar las normas.
Otra consecuencia es que este análisis dará también una nueva perspectiva en términos
de comprender la naturaleza de la crisis de representación. Como se ha indicado
anteriormente, la desigualdad extrema de poder implica pérdida de capacidad estatal
para expandir la ciudadanía. Esa pérdida está, en parte, en el origen de la crisis de
representación. No sólo porque restringe el proceso democrático de opción ciudadana
(control de la agenda), sino también porque limita la efectiva tramitación de las demandas
sociales.
Dimensión, función y capacidad estatal
Las reformas económicas estructurales apostaron a un Estado con grados crecientes de
desregulación de la economía e incluso con un papel subsidiario en muchas dimensiones
del desarrollo social. No pocas veces confundieron, además, la reforma del Estado
con el recorte del gasto público necesario para restablecer unas fi nanzas públicas sanas.
En efecto, las condiciones impuestas por los organismos fi nancieros internacionales
comenzaron al inicio de los años ochenta siendo estrictamente económicas, pero gradualmente
se ampliaron a cuestiones de naturaleza extraeconómica, que terminaron
por limitar las funciones y por deteriorar las estructuras y los recursos técnicos estatales.
La idea dominante de que el achicamiento del Estado era una condición necesaria
para el desarrollo e indispensable para resolver el problema de la deuda se instaló como
un punto casi indiscutible de la agenda pública. La publicidad de la época exhibía en un
RECUADRO 4.26
La institucionalización del control social
Un dilema aún pendiente de resolución es cuánta
institucionalización es requerida de manera que no
se asfi xie la autonomía social y, a la vez, no torne
vulnerables la participación ciudadana en general y
el control social en particular. Otro dilema asociado
al anterior es cuánto de orgánico debe tener el
control social, sobre todo habida cuenta de que la
or ganización es un recurso escaso que, al ser privilegiado,
puede contribuir a la “elitización” de la participación
ciudadana.
La primera consideración al respecto es que la
institucionalización del control social no depende
de la mayor (o menor) cantidad de órganos, leyes ni
sistemas que se creen en torno a él. Esta dimensión
es apenas parte del problema, aunque usualmente
tendemos a confundirlo como “el problema”. La
segunda consideración que cabe realizar es que el
asunto de la institucionalización del control social
no siempre es pertinente ya que existen manifestaciones
del control social que no pueden ser reducidas
al problema de su institucionalización a pesar
de que pueden ser infl uidas por ella. En este último
sentido hay que comenzar por hacer la distinción
entre control social promovido desde el Estado y el
que se desarrolla en forma espontánea desde la
sociedad.
Fuente: Nuria Cunill Grau, “La rendición de cuentas y el control social. Una aproximación conceptual.” Trabajo preparado
para el I Seminario Internacional Rendición de Cuentas y Control Ciudadano en Entidades Territoriales, Bogotá,
Colombia, 12-13 de abril, 2007, pp. 12-13.