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32 LA DEMOCRACIA DE CIUDADANÍA
■ es una experiencia histórica particular en la región, que debe ser entendida y valorada
en su especifi cidad.
Desde este punto de vista, la democracia defi ne la ciudadanía como un precepto
de igualdad básica asociada con la pertenencia a una comunidad, que “en términos
modernos es equivalente a los derechos y obligaciones de los que todos los individuos
están dotados en virtud de su pertenencia a un Estado nacional”. 4 En la defi nición
de ciudadanía se destaca el carácter dinámico, contingente y abierto como
producto y condición de las luchas históricas para enriquecer o menguar su contenido,
y aumentar o disminuir el número de aquellos a los que se reconoce.
Así, el concepto de ciudadanía nos sirve como herramienta para vincular las formas
de la política y sus resultados o fi nalidades.
Para facilitar el análisis y el trabajo en pos de políticas públicas que apunten a la
expansión de la ciudadanía, se parte de la división de derechos en tres conjuntos que
componen la ciudadanía, 5 propuestos originalmente por Th omas H. Marshall (véase
recuadro 1.1). 6
■ Ciudadanía civil. Se compone de los derechos para la libertad individual: libertad
de expresión, pensamiento y religión, derecho a la justicia y derecho a la propiedad
y a establecer contratos válidos.
■ Ciudadanía política. Consiste en el derecho a participar en el ejercicio del poder
político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política o como elector
de sus miembros.
■ Ciudadanía social. Abarca todo el espectro, desde el derecho a un mínimo de bienestar
económico hasta el de compartir plenamente la herencia social y vivir conforme
a los estándares predominantes en la sociedad. En los textos de derechos
reconocidos por las Naciones Unidas, éstos son denominados “económicos, sociales
y culturales”, e incluyen, por lo tanto, el derecho de los pueblos indígenas a sus
prácticas y expresiones culturales: a su “herencia social”, para utilizar la expresión
de Marshall.
Ante cada uno de estos derechos que la democracia debe garantizar está el deber
del ciudadano de ejercerlos respetando tanto los valores y normas que la democracia
adopta para hacerlos efectivos como, en particular, los derechos del resto de sus conciudadanos.
La democracia busca corregir, por tanto, el desbalance de poder; es decir, crear
otro poder que regule el poder en la sociedad y, haciéndolo, permitir la creación de
4 pnud, 2004, p. 60.
5 Esta enunciación no implica que ignoremos algunas discusiones actuales que proponen agregar otras
“generaciones” de derechos, entre los que se destacan los ambientales.
6 Véase T. H. Marshall, 1965, en el que se reproduce el texto original de 1949.